La congresista que ahora dice luchar contra los corruptos en los medios de comunicación, antes fue denunciada por extorsionar a funcionarios cuando trabajaba en un canal de televisión.
La fujimorista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) fue acusada de pedir dinero a cambio de no enlodar a personajes públicos en Puno, donde conducía un programa de noticias junto a su padre Jorge Aramayo.
"Me chantajeó, me extorsionó", cuenta el ingeniero Julián Barra Catacora en un reportaje de Cuarto Poder. Recuerda que el 13 de julio del año 2000 Alejandra Aramayo se acercó a su oficina y le dijo que tenía unos informes de que el producto que él estaba comercializando, de trucha enlatada, estaba contaminada y que atentaba contra la salud de los consumidores. Barra Cotacora se mostró sorprendido y no aceptó el chantaje.
Carlos Chisan, abogado y periodista que publicó el libro "Los zarpazos del gato", en el que se narran estas extorsiones, explica la modalidad: iban con una factura llenada y le decían al funcionario que pagará porque tenían un video comprometedor. "Siempre le acompañaba su padre y ella misma iba a cobrar los cheques", dice sobre el papel de Alejandra Aramayo.
Explica también que todos los funcionarios extorsionados no denunciaron esto en su momento porque "sabían que iban a perder porque estaban ante un poder, que ellos tenían en el periodismo en ese entonces".
"Me decía que si no pagaba, viera el noticiero del domingo, así que el domingo veo con estupor que titulaban que "los puneños comían excremento". Este fue el inicio de una campaña de demolición", cuenta el ingeniero Barra Cotacora.
Este caso se judicializó un año después y prescribió por demoras en el proceso. Sin embargo, en el 2004, Latina hizo un reportaje sobre la denuncia por un audio en el que se escucha al padre de la congresista Aramayo pedir siete mil soles a cambio de no atacar a un funcionario. Producto de esta denuncia, América Televisión le canceló la filial del canal que tenía en Puno.
Resulta ahora que la congresista que dice querer sacar a los supuestos corruptos de los medios de comunicación, con un proyecto de ley que en realidad atenta contra la libertad de prensa, usaba el poder que tenía al conducir un programa de televisión, para extorsionar a funcionarios.
¿No sería mejor una ley que impida que personas denunciadas por haber extorsionado haciendo un mal uso de su poder como comunicador sea impedido de trabajar en un medio o de legislar sobre el tema?
(Foto de portada: El Heraldo)
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