Visión desde fuera. Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por el nuevo proyecto de ley (el N°1120) de Fuerza Popular que impide que las personas sentenciadas por corrupción sean directores de medios de comunicación. 

"No está claro el objetivo que persigue. Si lo que se quiere es combatir la corrupción, hay que favorecer y proteger el trabajo periodístico independiente, con protección legal de las fuentes y los informantes del periodista y derogar los tipos penales que exponen a los periodistas y a los medios a sanciones penales", dijo a El Comercio. 

Recordemos que, en un principio, las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron el Proyecto de Ley N°1027 que establecía que investigados por corrupción estén impedidos de dirigir medios de comunicación y la creación de una veeduría ciudadana adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tras las críticas que llegaron desde la sociedad civil, el periodismo y el propio ambiente político, las legisladoras retiraron su iniciativa y presentaron una segunda que no incluía el inciso 3 del artículo 2, que hacía referencia al nombramiento de altos directivos en los medios. A su vez, también se descartó la figura de la veeduría ciudadana.

A pesar de estos cambios, para Lanza no está claro cuáles son los intereses que persigue el fujimorismo. Agregó que, a su parecer, el nuevo proyecto de Fuerza Popular tiene la intención de restringir el ejercicio de la libertad de expresión de determinadas personas en determinados medios. "Todo el mundo mantiene su derecho a la libertad de expresión aun cuando haya sido o no condenado", afirmó. 

Sobre la postura de la congresista Letona, quien dijo que el debate de su proyecto debe darse en el Congreso y no en los medios, el representante de la CIDH consideró esa postura como un razonamiento autoritario. 

"La democracia requiere participación, un debate público, justamente cuando el Congreso va a tratar un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión, no se permite que los propios medios opinen. Es gravísimo", explicó. 

Recordó que el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y , por lo tanto, sus Poderes de Estado tienen una obligación con el derecho internacional. "Nosotros vamos a monitorear  toda esta situación y si cualquier ley que se apruebe se aparta de las obligaciones del Perú, lo vamos a señalar", advirtió.

[Foto de portada: cuadernosdeltaller.com ]

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