Ante la presión social, política e internacional, el Tribunal Supremo de Venezuela, que es controlado por el régimen chavista de Nicolás Maduro, dio marcha atrás y rectificó los polémicos fallos de mediados de esta semana. Así lo anunció este sábado el mismo colegiado, que suprimió dos puntos de las resoluciones en las que asumía todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN) y despojaba de inmunidad a los parlamentarios venezolanos.
Horas antes de que se conozca esta decisión, el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena) exhortó al tribunal a que revisara las sentencias que en la práctica eran un golpe de Estado, porque acababan con la separación de poderes y agudizaban la crisis institucional que atraviesa el país.
Las nuevas sentencias del tribunal
De inmediato, las protestas estudiantiles volvieron a las calles en Caracas, y con ello la represión, la oposición también alistaba manifestaciones, aparecían las primera grietas en el oficialismo, con el rechazo a la media de la fiscal general, una histórica aliada de la autodenominada revolución bolivariana, y a la vez crecía el rechazo de la comunidad internacional.
Todo en medio de tres días de un silencio casi cómplice del presidente Nicolás Maduro, quien no dijo nada hasta el viernes en que se pronunció, pero para decir que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular".
Sin embargo, la realidad es otra y obligó al chavismo a desandar el camino del golpe de Estado. El vicepresidente Tarek El Aissami leyó el comunicado con la decisión en una retransmisión obligatoria de radio y televisión.
La nueva resolución del Supremo buscaba, según dijo, “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”. El acuerdo ratifica que el tribunal, que está controlado por el régimen, es la instancia competente para dirimir los conflictos que se presenten entre las ramas del poder público.
Los magistrados del supremo venezolano.. (Reuters)
Esta marcha atrás es inédita en la historia del chavismo, que rige los destinos de Venezuela -hoy sumida en un profunda crisis política, económica y social- desde hace poco más de 18 años. La distancia marcada el viernes por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, supone un punto de inflexión en la pretensión del régimen de Maduro de no admitir las labores del control político del Legislativo y ahora parece que tendrá que repensar de qué forma va convivir con un poder en manos de la oposición.
El mandatario, quizá para despojarse de la etiqueta de dictador que muchos ya le colocaron, ha querido mostrarse conciliador en medio del conflicto institucional y hasta ha reiterado a la oposición que está dispuesto al diálogo con la mediación del Vaticano y de la terna compuesta por los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Panamá, Martín Torrijos, y República Dominicana, Leonel Fernández.
Pero lo cierto es que todos esos esfuerzos fracasaron porque el régimen bloquea cualquier salida a la crisis política y económica y tampoco quiere convocar a las elecciones regionales por el miedo a seguir perdiendo el control total que alguna vez tuvo en Venezuela.
(Foto de cabecera: Reuters)
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