La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, funcionaria muy cercana al chavismo, señaló este viernes que las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país, con las que asumió las funciones del Poder Legislativo, constituyen una "ruptura del orden constitucional".
Ortega se pronunció sobre esta maniobra del régimen de Nicolás Maduro para incapacitar a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público, con lo que se convierte en la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar la resolución del TSJ, controlado por el chavismo.
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
La fiscal general venezolana dijo que es su "obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento", en una aparente muestra de discrepancia con el tono del discurso oficial. "Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad", agregó.
Maduro al centro y ortega a la derecha en una imagen de archivo (EFE).
La postura de Ortega ha sorprendido a más de uno en Venezuela, porque ella es considerada pieza clave del entramado del altos funcionarios afines al régimen para controlar el sistema de justicia del país. Fue nombrada en su actual cargo por primera vez en 2007, cuando el chavismo tenía control de la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tenía presencia por haber boicoteado las elecciones. Fue ratificada en 2014 por un nuevo Parlamento, pese a que el oficialismo no tenía ene se entonces mayoría absoluta de dos tercios en la cámara.
Universitarios protestan ante agentes de policía en Caracas. (AP)
Alta tensión
En tanto, la oposición venezolana, que tildó la decisión de un "golpe de Estado", se alista para volver a las calles, mientras que gobiernos de la región expresaron su "preocupación" y Perú incluso retiró su embajador de forma "definitiva" en señal de protesta por lo que ocurre en Venezuela.
El régimen de Maduro respondió con un comunicado:
"Los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional"(...) Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos"
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