El vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce, manifestó que la posición del Gobierno peruano es de rechazo a la decisión que tomó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de disolver el Parlamento –de mayoría opositora– para que el Tribunal Supremo de Justicia –controlado por el chavismo– asuma las funciones legislativas.

El legislador subrayó que la posición del Ejecutivo peruano "es clarísima ante esto: en defensa irrestricta del sistema democrático".

"No me cabe duda que en el Pleno del Congreso del próximo jueves va a haber una moción en rechazo de este acto propio de dictaduras. Es otro 5 de abril reeditado (el autogolpe del fujimorismo)", dijo Bruce en RPP.

"Lo de Venezuela es un golpe de Estado clarísimo. Con lo que ha ocurrido allá sería rarísimo que alguien ahora tenga dudas si es que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es o no una dictadura, porque eso es un golpe de Estado", insistió el oficialista, en declaraciones a El Comercio.

De otro lado, el congresista del Frente Amplio Alberto Quintanilla se pronunció en el mismo sentido, y subrayó que Maduro “ha hecho un nuevo 5 de abril”, al comprar el autogolpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por el entonces presidente Alberto Fujimori, hoy preso y condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

“Condeno ese hecho y llamo al restablecimiento de mecanismos democráticos para evitar dos grandes males del poder: la corrupción y el abuso de poder”, dijo.

En ese sentido, el congresista frenteamplista explicó que la democracia solo es posible con división y equilibrio de poderes, mutua fiscalización y libertad de prensa. “Lo más conveniente para que se gobierne un país es hacerlo en democracia y pensando siempre en los intereses de la mayoría. Parte de la democracia son las elecciones periódicas, la alternancia, el equilibrio de poderes”, acotó el legislador, también simpatizante del movimiento Nuevo Perú, liderado por la ex candidata presidencial Verónika Mendoza.

Por último, Quintanilla indicó que el Estado peruano, a través de la Cancillería, debería condenar cualquier acto que atente contra la existencia de las instituciones democráticas en Venezuela.

(Foto de cabecera: El Comercio)

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