Esta semana en el Congreso, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén presentó un proyecto de ley que busca cancelar los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de que la Confiep planteara esa posibilidad, al sostener que los recursos previstos para la organización del certamen se usen para reconstruir las zonas del país devastadas por las lluvias e inundaciones.

En el Gobierno, el presidente Kuczynski y el premier Zavala aclararon que se trata de temas dos distintos con presupuestos independientes y que los recursos para atender ambos compromisos están garantizados y que el impacto de las lluvias en muchas regiones ha sido devastador porque las autoridades locales no ejecutaron las obras de prevención presupuestadas. Es decir, que no se trata de un problema de dinero sino más bien de gestión.

Pero así y todo, la iniciativa legislativa aprista tendría el apoyo de otras bancadas de oposición, como la de Fuerza Popular, que controla el Congreso. "Sabemos que la emergencia es bastante grave y es por eso que si hay recursos, primero ahora para entender emergencias", dijo la presidenta del Legislativo, la fujimorista Luz Salgado, tras agregar que, personalmente, "deberíamos decir hasta aquí nomás" a la organización de los Panamericanos.

Pero, ¿qué pasaría si el Congreso aprueba el proyecto de ley en mención? Se "cae todo", según el presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos 2019, Carlos Neuhaus. ¿La razón? La iniciativa legislativa aprista plantea derogar los decretos legislativos 1248 y 1335, que son el marco legal del financiamiento para el certamen deportivo. 

"El derogar los decretos es decirle al Gobierno no hagas ya los Panamericanos", refirió a El Comercio Neuhaus, quien además solicitó no mezclar "política con Panamericanos", porque es muy fácil caer en medidas populistas.

Los decretos en mención permiten al Gobierno legislar para concretar las obras necesarias para los Panamericanos y adelantar así tres o cuatro meses la línea de tiempo de los trabajos. "Es la gran oportunidad para que la ciudad cambie", anotó Neuhaus, quien advirtió que, de darse esa situación, se frustraría la realización del certamen, que fue un compromiso internacional que Lima asumió octubre de 2013, cuando ganó la sede por encima de Santiago (Chile), La Punta (Argentina) y Ciudad Bolívar (Venezuela).

En tanto, el presidente el comité organizador le respondió al alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien se sumó a las voces del coro populista que piden cancelar los juegos para destinar los recursos a atender las emergencias por las lluvias, pese a que él es una de las tantas autoridades que no hicieron su trabajo: de los S/ 34 millones de la partida destinada para la prevención de desastres, solo ejecutó un poco más de un S/ 1 millón.

"El alcalde sabe muy bien que la fecha es inamovible porque ha estado en Toronto, Canadá, levantando la bandera de Perú para los Panamericanos. Sabe bien que los juegos se hacen o no se hacen", manifestó Neuhaus, al sostener que se trata de una falsa disyuntiva la que se está planteando con el tema de la organización de los Panamericanos y la emergencia en el norte del país por las lluvias.

¿Qué dicen los expertos?

El constitucionalista Víctor García Toma explicó que los Panamericanos tienen que ver con los planes, programas e infraestructura orientadas al desarrollo deporte y que esas es una potestad del Ejecutivo, según el artículo 118 de la Constitución.

"El Congreso puede dictar normas de carácter general, pero todo lo que signifique planes, programas y acciones vinculados con la infraestructura de los panamericanos es una competencia que tiene el Poder Ejecutivo. En consecuencia, sería una ley inconstitucional, más allá de que sea un proyecto de ley bien intencionado", explicó a Perú21.

"La decisión de llevar acabo los Juegos Panamericanos puede ser considerada una mala decisión por la mayoría de la población, pero más allá de esa consideración de orden político, desde el punto de vista jurídico de si se hace o no, eso sólo le corresponde al Ejecutivo"

En el mismo sentido se pronunció el abogado Aníbal Quiroga, quien sostuvo que el Congreso no puede aprobar un proyecto de ley que deje sin efecto la organización de los Juegos Panamericanos. "Desde el punto de vista legislativo, no se puede dar una ley que tenga un solo supuesto normativo", subrayó.

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