La guerra parece declarada entre la Procuraduría Anticorrupción y el Ejecutivo, luego de que el jefe del gabinete, Fernando Zavala, calificara de poco riguroso y desprolijo el trabajo del procurador Amado Enco, y solicitara acciones correctivas a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, de cuyo sector depende el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Esto debido a la denuncia por colusion interpuesta ante la fiscalía para que se investigue al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por la adenda del contrato para la construcción del Aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), proyecto a cargo de Kuntur Wasi.

Perez Tello confirmó este martes lo que ya había adelantado el fin de semana: que se fijarán parámetros y requisitos específicos para las denuncias de los procuradores. “No queremos que no existan condiciones mínimas para la presentación de estas [denuncias], porque la procuraduría pierde respaldo y prestigio institucional”, dijo la ministra en TV Perú.

La medida será detallada en el reglamento del Decreto Legislativo 1326, el cual reestructura el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado, precisó Pérez Tello.

“Queremos procuradores con denuncias tan sólidas como para que todas sean admitidas por la fiscalía. Y, si esto no se da, que no sea por tener una pobreza en la rigurosidad de la investigación”, argumentó la ministra.

“Lo que ha pedido el primer ministro (Zavala) es que corrijamos estas cosas que no nos gustan porque podrían debilitar el sistema”, señaló, tras a dar a conocer que la cartera de Justicia propondrá canales formales de comunicación con las procuradurías.

Por su lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado que estas medidas no son una mordaza para los procuradores, ya que –dijo– todo funcionario público debe actar las reglas de su profesión.

Exprocuradores cuestionan las correcciones

El origen del pedido de los “correctivos” –la crítica de Zavala al trabajo de Enco– provocó controversia y que exprocuradores y constitucionalistas cuestionen la pretension del Ministerio de Justicia de imponer parámetros.

Es el caso del exprocurador anticorrupción Joel Segura, quien sostuvo que regular las denuncias de los procuradores constituye una clara intromisión. “Es el procurador quien debe definir si se realiza o no una denuncia”, dijo a el Comercio.

Para el también exprocurador Luis Vargas Valdivia, los requisitos mínimos que debe cumplir una denuncia de los procuradores ya están establecidos en el Código Procesal Penal. En este se señala que deben existir indicios razonables de comisión del delito, por lo que fijar condiciones adicionales es un despropósito.

El constitucionalista César Landa sostuvo que la medida no sería inconstitucional, pero sí podría implicar un riesgo de politización del trabajo de las procuradurías. “La ministra de Justicia es la que lidera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en términos políticos, pero no técnicos”, considera Landa.

Del mismo modo piensa su colega Víctor García Toma, quien cree que es indispensable analizar de forma detallada que el reglamento no supere los alcances del decreto legislativo, ya que de darse esta situación, la solución a la controversia terminaría siendo peor que el problema.

DATOS

Desde el pasado 6 de enero, fecha en la que se promulgó el Decreto Legislativo 1236, el Ejecutivo cuenta con 90 días para emitir el reglamento de la norma.

El borrador del reglamento sería presentado durante los próximos días a la Presidencia del Consejo de Ministros, informó la ministra Marisol Pérez Tello.

Quince días antes de tener la norma definida, el Ejecutivo prepublicará el reglamento para recibir comentarios de cualquier ciudadano o entidad.

(Foto de cabecera: El Comercio)

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