La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, rechazó –a través de un comunicado– cualquier tipo de injerencia en la labor de los procuradores públicos. Preciso que estos pueden actuar contra cualquier funcionario público cuya gestión esté bajo sospecha de delito.

En el documento, Príncipe señala que su despacho reafirma la convicción en que el respeto a la autonomía funcional de los procuradores no solo constituye un deber, sino una vía para fortalecer el Estado de Derecho. "Expresamos el total rechazo a cualquier tipo de injerencia en el desarrollo funcional de los procuradores públicos que han cumplido y cumplen a cabalidad con sus obligaciones en el estricto marco de la legalidad".

“Los procuradores públicos se encuentran facultados para ejercer las acciones legales que se hallen bajo su competencia y consideren necesarias contra cualquier ciudadano o funcionario público cuya actuación pudiera presentar indicios de carácter delictivo que afecten los intereses del Estado, al margen del cargo o jerarquía que ostente en la estructura del gobierno", añade el oficio.

El fin de semana, el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, criticó la labor del procurador anticorrupción, Amado Enco, quien pidió a la fiscalía abrir de una investigación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por presunto delito de colusión en la adenda para la construcción del Aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco) a cargo de Kuntur Wasi.

Zavala calificó dicha acusación de “poco rigurosa” e incluso solicitó “acciones correctivas” a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien por su lado lamentó que el pedido de la procuraduría contra Vizcarra se haya filtrado a la prensa y señaló que tras ese suceso se establecerá un nuevo reglamento para comunicar este tipo de solicitudes.

(Foto de cabecera: Andina)

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