Enfrentados. En el Gobierno no han ocultado el malestar creciente que existe por las denuncias de los procuradores Amado Enco y Katherine Ampuero contra el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El primero en hacerlo fue el premier, Fernando Zavala, y luego la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a cuyo sector está adscrito el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que agrupa a las procuradurías.

Zavala pidió el mismo fin de semana que se conocieron las denuncias en medios locales "medidas correctivas" para los procuradores y se refirió en concreto al caso de Vizcarra. Enco pidió a la fiscalía que investigue al también vicepresidente por colusión, ya que considera perjudicial para el Estado la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero.

"Lo que es inconcebible, es que la Procuraduría basándose en información periodística, en fotos y sin ningún sustento, diga que hay colusión. Ni si quiera la Contraloría ha terminado de hacer la revisión de la información y ellos ya están asumiendo que hay colusión", cuestionó en RPP en referencia al caso de Vizcarra, quien además enfrenta un pedido de interpelación en el Congreso y podría quedar al borde de la censura si es que la oposición alega que sus respuestas sobre el caso Chichero no convencieron.

El jefe del gabinete sostuvo que el Gobierno respeta "la independencia de los procuradores", pero subrayó que esa "independencia tiene que ser acompañada con seriedad y profesionalismo. No con filtraciones a la prensa, ni falta de rigurosidad en la investigación".

Sobre la denuncia de Ampuero, a cargo de la procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht, Zavala sostuvo que su pedido para que la Fiscalía investigue supuestos depósitos de la empresa brasileña a firmas vinculadas al presidente Kuczynski es un caso parecido al de Vizcarra. "Se basa en un video que sale en Youtube, carece totalmente de sustento", alegó.

La ministra Pérez Tello recogió el guante y anunció "medidas correctivas" para los procuradores en mención. Explicó que no serán sanciones sino se adoptarán una serie de protocolos para que puedan divulgar información a través de "canales institucionales" y para que ponderen mejor las denuncias que salen en medios de comunicación.

"Se filtra información. No hay canales institucionales. La noticia de la denuncia ha salido por un tuit. Se filtró (antes de que el MTC reciba la notificación). Lo primero que se va a hacer en este reglamento es establecer canales institucionales de comunicación", dijo la ministra en Canal N.

Pérez Tello cuestionó el tiempo que se tomó Enco para presentar su denuncia contra Vizcarra, porque -según dijo- el martes pasado la Procuraduría pide al MTC información sobre el caso Chinchiero y el jueves de esa semana al final de la tarde se entrega esa información que contenía más de 400 páginas. "¿En qué momento se merituó si la denuncia se hace el viernes?", inquirió la titular de Justicia, quien también cuestionó la denuncia de Ampuero contra PPK, al señalar que "tiene que haber un esfuerzo de verificación".

"No se puede tomar lo que dice el periódico y enviarlo. En el reglamento se establecerá [esa prohibición]", explicó la ministra el domingo por la noche en Panorama, en donde evitó hablar de una mala intención de los procuradores, pero sí dijo que hubo excesos y falta de prolijidad.

ENCO RESPONDE

Tras los fuertes cuestionamientos a su trabajo, el procurador anticorrupción, Amado Enco, afirmó que no le intimida lo dicho por el premier Zavala. "Si el gobierno requiere tener un procurador a su medida, que lo haga, yo no me aferro a este cargo", dijo en Canal N, tras reiterar que la adenda de Chinchero favorece a la empresa concesionaria Kuntur Wasi y que desvirtúa la naturaleza de una alianza público-privada, modalidad bajo la cual se entregó la obra.

Enco insistió además no solo en la supuesta cercanías entre gente del gobierno y la empresa, sino también en que el MTC debió tomar otras medidas, debido a la dificultad de Kuntur Wasi para conseguir financiamiento para ejecutar la obra, que incluso pudo haber sido convocar a una nueva licitación del proyecto.

La procuradora Ampuero no se ha pronunciado.

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