La evidencia de que la campaña en contra del Currículo Educativo Nacional de Educación Básica promovida por grupos religiosos y conservadores se basa en la desinformación y tergiversación de su contenido, se ve reflejada con la felicitación de las Naciones Unidas al Estado peruano por implementar dicho documento.
En la comunicación de la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú dirigida al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se resalta el haber tomado en cuenta los tratados internacionales y las orientaciones técnicas en educación y sexualidad de distintas organizaciones, las mismas que apuntan a que los niños y niñas puedan vivir en una "sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz y respeto".
"Felicitamos al Estado peruano por el impulso del sector Educación al incorporar en el Currículo Nacional de Educación Básica los estándares internacionales de derechos humanos, en especial aquellos establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por el Estado peruano en 1990".
Sin embargo, hace notar también su preocupación por la campaña de desinformación por parte de quienes se oponen alegando la inclusión de una supuesta 'ideología de género'.
"Hacemos llegar nuestra preocupación por la constante desinformación de algunos sectores con relación a este currículo, sus alcances y objetivos. Considera que el Currículo representa un progreso significativo que promueve un proceso que aspira a obtener resultados concretos para todos los y las estudiantes, respecto al respeto a la diversidad, a la promoción de la igualdad, la no discriminación y la lucha frontal contra toda forma de violencia (...)"
Pero no solo ello, el organismo internacional también se refiere al Decreto Legislativo 1323, el mismo que incluye la orientación sexual e identidad de género como agravantes en delitos de crímenes de odio, es decir, busca que las sanciones en casos de discriminación por estas causas sean más severas, protegiendo así a un sector vulnerable de la ciudadanía como la comunidad LGTBI.
"La reciente aprobación del Decreto Legislativo 1323 contribuye eficazmente proteger los derechos humanos de las personas en el país al incluir la orientación sexual e identidad de género como motivo prohibido en el tipo penal de discriminación y como circunstancia agravante de las penas, medida de naturaleza esencial para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva".
Sin embargo, pese al esfuerzo del Estado por explicar el verdadero objetivo de este decreto, los mismo grupos religiosos y conservadores que se oponen al currículo han iniciado otra campaña asegurando que dicha medida atentaría contra su Derecho a la libertad de expresión. En pocas palabras, consideran que se violaría su 'derecho' a poder decir abiertamente que las personas LGTBI no deben tener los mismos derechos que los heterosexuales y que nadie debería impedirles expresar que todo lo que no sea heterosexual es algo 'normal'.
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