El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que la extradición será la estrategia a seguir por el Ministerio Público para que el expresidente Alejandro Toledo, quien estaría actualmente en San Francisco, Estado Unidos, comparezca ante la justicia peruana por los cargos de tráfico de influencias y lavado de dinero que la fiscalía le imputó tras acusarlo de haber recibido una coima de Odebrecht de US$20 millones por la buena pro de la Interoceánica Sur.

Sánchez explicó que "se enviará inmediatamente" a las autoridades judiciales de EEUU "el informe adicional" que se ha solicitado para que se inicie el proceso de extradición del exmandatario. De esta manera, quedaría de lado la vía de deportación de Toledo solicitada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a su par estadounidense, Donald Trump, amparándose en la normativa migratoria de ese país.  

"Desde el punto de vista judicial se ha optado por el tema de la extradición, previo arresto provisorio", precisó el titular del Ministerio Público.

De acuerdo a la última información que maneja el Ministerio del Interior, Toledo, a quien el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 18 meses y ordenó su captura internacional, se encuentra en San Francisco, California. Sin embargo, el expresidente habría intentado viajar a Tel Aviv (Israel) el sábado úlitmo, pero habría desistido ante el anuncio de las autoridades de ese país, que advirtieron que no lo dejarán entrar hasta que solucione sus problemas judiciales en Perú.

Por tal motivo, la justicia peruana –apoyándose en el tratado de extradición entre Perú y Estados Unidos– debe elaborar un cuaderno de extradición que remitirá al Departamento de Justicia de EEUU en un plazo no mayor a 60 días. En dicho documento, el juez Concepción deberá incluir los requerimientos establecidos en el tratado y toda la información obtenida por el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, como resoluciones, actuados que evidencien la responsabilidad por parte de Toledo y la especificación del tipo de delito que debe existir en ambos países.

La Corte Suprema deberá revisar el folio y luego convocar a una audiencia en la que también participará la defensa del expresidente, y si en esta diligencia se aprueba el cuadernillo, el Ministerio Público se encargará de la traducción del documento -en este caso al inglés- para que reciba el visto bueno del Consejo de Ministros, que deberá emitir la resolución respectiva para que la Cancillería remita la solicitud formal de extradición al Departamento de Justicia de EEUU vía valija diplomática. El pedido de las autoridades peruanas será revisado por el juez federal estadounidense que haya visto el pedido de arresto provisorio contra Toledo.

Tanto Yván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, y el abogado penalista Luis Lamas Puccio coincidieron, consultados por El Comercio, que la extradición del exmandatario podría tardar entre seis meses y un año, dependiendo de la cantidad de inconvenientes que se presenten en el camino y las instancias por las que pase el caso, que inicialmente deben ser dos.

(Foto de cabecera: Andina)

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