El fiscal a cargo del caso Odebrecht, Hamilton Castro Trigoso, sostendrá este jueves ante el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho que el delito por tráfico de influencias imputado al expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares de coima de la empresa brasileña por la buena pro de la carretera Interoceánica, no ha prescrito, como alega la defensa del exmandatario.

De ponerse en debate el tema, el equipo del Ministerio Público presentará como argumento que el presunto delito continuó perpetrándose hasta el 2010, cuando concluyó el pago de los sobornos por parte de Odebrecht, según lo detallado por el colaborador eficaz de la fiscalía, Jorge Barata, exdirector de la empresa en el Perú. 

De acuerdo al Código Procesal Penal, el delito de tráfico de influencias prescribe luego de 8 años -que es la pena máxima para este ilícito- y debido a que el delito fue continuado, para la fiscalía recién prescribiría el 2018. Esto, además la norma que duplica el plazo de prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos.

Este jueves, desde las 10 a.m., está programada la audiencia de la Sala Penal Nacional, a cargo del juez Concepción Carhuancho, en la que se evaluará y decidirá si se aprueba o no el pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva contra Toledo. En esta diligencia, que posiblemente se prolongue hasta horas de la tarde antes que el juez tome una decisión, se espera el debate entre el fiscal Hamilton Castro y la defensa del expresidente, representada por los abogados Paolo Aldea Quincho y Heriberto Benítez, excongresista.

La estrategia de defensa de Toledo tiene dos escenarios: uno, que Aldea Quincho plantee dos exenciones previas al inicio de la audiencia y otro que Benítez será el que exponga los argumentos en contra de la prisión preventiva, según detalla La República. 

Ya Aldea había adelantado que planteará la prescripción del delito de tráfico de influencias considerando que el plazo máximo que tenía el Estado para perseguir ese ilícito habría expirado, mientras el delito de lavado de activos partiría del mismo supuesto del caso Ecoteva y, por tanto, no procedería un nuevo proceso con prisión preventiva.

Castro solicitó la prisión preventiva argumentando que existe el peligro de que el ex jefe de Estado evada las investigaciones refugiándose en fuera del país, debido a los claros indicios que lo vinculan con delitos de corrupción.

Por su parte, Benitez, quien recién se sumó a la defensa de Toledo, considera que no es necesaria la prisión preventiva, porque el expresdiente ha colaborado con la justicia siempre y ahora se encuentra fuera del país por compromisos laborales.

"El ex presidente Toledo me llamó esta tarde y me ha pedido que lo represente para la prisión preventiva, solo voy a intervenir en esta audiencia, la defensa en el proceso estará a cargo del doctor Paolo Aldea", refirió el ex congresista a La República.

La última palabra será de Concepción

Tras escuchar escuchar todas las posiciones, Concepción Carhuancho resolverá al mismo tiempo el argumento de la prescripción, la relación con Ecoteva y el pedido de prisión preventiva por 18 meses. 

Sin embargo, el juez también podría rechazar las exenciones de la defensa de Toledo, sosteniendo que la audiencia solo se limita al pedido de prisión preventiva, donde se evalúa si existe un peligro procesal, según el fiscal Castro.

(Foto de portada: La República)

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