La concesionaria a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima presentó, el 1 de febrero último, una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por demoras en la entrega de terrenos para iniciar las obras del proyecto.
El consorcio, conformado por las constructoras españolas ACS y FFC, las italianas Impregilo y Ansaldoexige y la peruana Cosapi, pidió una indemnización de US$ 260 millones. Dicha demanda llegó luego del fracaso de negociaciones entre las partes involucradas, según Gestión.
El proyecto consiste en la construcción de 35 estaciones de metro subterráneas en 35 kilómetros de túneles. La línea 2 del tren irá desde Ate hasta Callao y atenderá a más de seis mil pasajeros. El plazo previsto para la culminación de las obras es de cinco años y la operación que se otorgó al consorcio es de 30 años.
Esta demanda es la cuarta que enfrenta el país por parte de empresas que tienen la concesión de proyectos de infraestructura adjudicados bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP).
El 11 de octubre del año pasado, la empresa APM Terminals Callao, que tiene a cargo el proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, también presentó una demanda contra el Perú. ¿La razón? La empresa considera que cumplieron con el plazo establecido para la entrega del proyecto, pero para el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) esto no fue así. La demanda es por US$ 10 millones.
Y aún hay más. En agosto del 2014, la minera Bear Creek Mining Corporation demandó al Perú por la suma más grande que se conozca hasta ahora: US$1.200 millones, debido a que el gobierno de Alan García prohibió la participación de esa empresa en la mina Santa Ana en Puno, ante las protestas de la población.
Finalmente, en julio del 2011, la empresa DP World Callao demandó al Perú por US$200 millones, porque no le permitieron participar en el proceso de concesión del Muelle Norte. Este caso lleva cinco años y Ciadi aún no se pronuncia. Lo último que emitieron fue una resolución sobre revisión de "temas procedimentales", de acuerdo con Gestión.
Así, en total, el monto de las demandas que enfrenta el Estado peruano en el tribunal arbitral del Banco Mundial asciende a US$ 1.670 millones.
(Foto de portada: La República)
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