En la actualidad, para que una universidad opere en el Perú debe cumplir unas condiciones mínimas de calidad para obtener la licencia de funcionamiento. Por disposición de la Ley Universitaria (Ley 30220), promulgada en el 2014, se crea y define a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que se encarga de dicha labor, la del licenciamiento. La norma ha tenido y tiene el apoyo de un sector importante de la ciudadanía y de distintos actores de la educación superior, mientras que es un clarísimo parteaguas frente a la mercantilización de la educación universitaria y la oferta de la misma de pésima calidad -agudizada con el ya derogado decreto legislativo 882-. 

A pesar de este halo de necesidad que tiene la Sunedu actualmente no la salva de críticas, puestas en duda y de pedir que rindan cuentas de su trabajo. Una de sus responsabilidades, llevar el proceso de licenciamiento de universidades públicas y privadas, muestra unos resultados que no alientan en especial a los rectores de universidades públicas. ¿El hecho de que universidades públicas como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) o la Universidad Nacional Agraria La Molina no hayan obtenido el licenciamiento de acuerdo al cronograma, las pone al mismo nivel de las privadas que tampoco lo consiguieron como la Universidad Autónoma del Peru o la Universidad Sergio Bernales, las cuales brindan carreras sin autorización? Es decir, ¿están las llamadas universidades 'chicha' o de garaje e al mismo nivel que una pública?

De acuerdo a lo establecido por la Sunedu, en el cronograma de implementación del licenciamiento, entre el 15 de diciembre del 2015 y el 2 de febrero del 2017 se programaron a 79 universidades peruanas para que pasen por el proceso de licenciarse. De ellas, solo nueve universidades privadas consiguieron el licenciamiento, valga repetirlo, ni una pública -Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, entre otras-.

¿Desconocimiento?

Para el rector de la UNI y presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva Hurtado, el hecho de que no se les haya otorgado el licenciamiento muestra en la Sunedu un “desconocimiento de las universidades públicas”, así como una “falta de experiencia” en sus funcionarios -esta crítica ya estaba más o menos expuesta en un artículo de opinión publicado en el diario La República-. En conversación con LaMula.pe, el ingeniero Alva ejemplificó ello con un hecho que prueba que en el caso de la UNI, esta se encuentra al nivel de las exigencias internacionales: la calidad de siete escuelas de la Universidad Nacional de Ingeniería ha sido acreditada por la Accreditation Board of Engineering and Technolgy (ABET), una de las más importantes certificadoras de escuelas de ingeniería en el mundo -entiéndase que el licenciamiento es obligatorio y la acreditación es voluntaria-. 

El presidente de la ANUPP cree que si tuvieron observaciones en el proceso de licenciamiento, estas nacen básicamente de un problema de formalidades. En lo que respecta a las condiciones básicas de calidad exigidas por la Sunedu y que no consiguieron su visto bueno, responden, sobre todo, a problemas con el financiamiento proveniente del Estado, con el cual resolverían problemas relacionados con infraestructura y equipamiento. Tal como lo informó la Superintendencia en diciembre del 2016, de acuerdo a sus estimados, la universidad pública tiene un déficit en infraestructura de S/ 317 millones y en mantenimiento otros S/ 15 millones.

En la actualidad, los integrantes de las ANUPP se encuentran en conversaciones con la Sunedu y el Ministerio de Educación para coordinar la mejora de las condiciones en las que se encuentra la universidad pública, más allá del proceso de licenciamiento -aumento del sueldo de los profesores universitarios, entre otros-.

Un dato desalentador obtenido de la web de Transparencia Económica: la universidades públicas han recibido S/ 1000 millones menos este año en comparación con el presupuesto asignado en el 2016.

Nueva estrategia

Para el experto en temas educativos y director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Ricardo Cuenca, el problema de que las universidades públicas aún no se hayan podido licenciar no se circunscribe únicamente a las exigencias establecidas por la Sunedu, sino que se debe a una responsabilidad estatal mayor frente "a una cultura de descuido de las condiciones básicas de la calidad” de la universidad peruana.

“Las instituciones públicas necesitan mucho mayor acompañamiento del estado, no solo por el tamaño de las universidades y la burocracia interna propia del sector estatal, sino que para ellos es muy nuevo, necesitan un acompañamiento financiero y también técnico. Esa es la parte que no está contemplada totalmente en la estrategia”, afirma a la LaMula.pe. Es por ello que sostiene, además, que este es un proceso que cuesta a todos los actores involucrados, no solo a las universidades públicas.

Para Cuenca el proceso de licenciamiento es un fenómeno relativamente nuevo en el mundo, y sobre todo en la región. Como lo señala la misma Sunedu en su documento sobre el modelo e implementación del licenciamiento en el sistema universitario, los antecedentes en América Latina datan, por ejemplo, de 1990 en Chile para las universidades privadas, en el 2010 en Colombia con el inicio de la consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en Ecuador con la primera evaluación de la calidad universitaria bajo el Mandato 14, y otros países vecinos que empezaron a supervisar del estado la calidad universitaria desde los año noventa.

Acerca de esta relativa novedad, el experto nos revela que en la actualidad “hay algunos países que han empezado a mirar qué está pasando con el licenciamiento en el Perú y ver qué aprenden de ello e instalarlo en sus propios país”.

Desde la Superintendencia nos respondieron que es cierto de otros países vienen a observar el proceso, por ejemplo, funcionarios del Consejo Británico de Inglaterra y la Cooperación y de Acción Cultural del Alto Consejo de Francia, con los cuales se ha compartido experiencias sobre el Modelo de Licenciamiento institucional y su implementación.

El plan

Sunedu rechaza las críticas acerca de que los funcionarios de dicha institución no conocen la realidad de las universidades públicas, ni el hecho de que no se les haya otorgado aún la licencia a las estatales signifique que estén diciendo que están al mismo nivel de una universidad privada de mala calidad. Desde la oficina de comunicaciones nos dicen:

 "Es cuestión de tiempo para que se licencien las universidades públicas. Habría que precisar que a ninguna universidad se le ha negado el licenciamiento institucional. El proceso de licenciamiento está en marcha. Sunedu espera que para el 15 de octubre del 2017 todas las universidades públicas y privadas hayan cumplido con presentar su solicitud para iniciar el trámite. Hasta que no culmine enteramente el proceso en el 2018 no es posible comparar a las universidades públicas y privadas, especialmente porque esta distinción no refleja la heterogeneidad de universidades que existen en el país".

Dicha institución también recalca que ella reconoce el "arduo trabajo" que vienen realizando las universidades públicas, y que, tras las observaciones y señalamientos a las condiciones básicas de calidad, no se ha puesto en duda la calidad docente y la calidad de la investigación en dichas casas de estudio.

Con la creación de la Sunedu, como organismo adscrito al Ministerio de Educación, se reemplazó y se asumió las funciones de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), y con ello cayó sobre la Superintendencia toda la expectativa de que esta instancia sería la que hiciera lo que la ANR no consiguió, en términos de calidad educativa, con su presunto sistema de autorregulación.

No obstante, la Sunedu es un organismo fundamentalmente técnico, no político, y cuando es criticada, atacada desde sus bases (como el intento de los parlamentario Javier Velasquez Quesquén y de Edmundo del Águila) y señalada por algunas de sus exigencias -como la polémica de los títulos conseguidos en el extranjero, su supuesta afectación a la autonomía universitaria, que tiene una "filosofía punitiva", la demanda por el informe bienal que debió ser presentado en el 2016, entre otros-, ¿quién responde por ella? ¿informes y notas de prensa? El vicerrector académico de la PUCP e integrante del Consejo Nacional de Educación (CNE), Efraín Gonzáles, siguiendo la línea de otros especialistas ha dicho que es necesario crear o ampliar un viceministerio para la educación superior. "El director de educación superior es un funcionario de tercer nivel, no tiene el peso político de un viceministro", dijo en otra ocasión para LaMula.pe.

La Sunedu, con sus un poco más de dos años, proseguirá con su plan y se espera que pueda, a través de sus lineamientos y gestiones, ordenar el modo en que viene funcionando la educación superior universitaria en el país, orientada hacia un deseo que podríamos decir que es de todos: la mejora continua y transparente.

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