La Contraloría General de la República advirtió a la Municipalidad de Lima que de prolongarse "el no funcionamiento" del nuevo peaje en Puente Piedra, que la semana pasada fue el blanco de protestas que dejaron varios heridos y detenidos, podría haber un "riesgo económico".
En un comunicado, la Contraloría explicó que este riesgo puede darse, puesto que la Municipalidad de Lima tendría que reconocer a Rutas de Lima "montos equivalentes a la recaudación realizadas por las casetas de peaje", además de "los gastos financieros directamente asociados al cobro de la tarifa".
Agregó que estas situaciones podrían darse "en caso los disturbios continúen y no permitan su explotación por más de tres días", quizás en referencia a la nueva protesta convocada por los vecinos de Puente Piedra, de quienes la Contraloría señaló que el pasado 5 de enero "quemaron las nuevas casetas de peaje ubicadas en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte".
Ante esta situación, la Contraloría recomendó la realización "de una acción simultánea a las obras obligatorias en la Panamericana Norte contempladas en el contrato de concesión vías nuevas de Lima".
Para ello, se ha acreditado a un grupo de trabajo para esta acción simultánea, por lo que ha pedido a la Municipalidad de Lima "brinde el acceso a toda la información y las facilidades del caso para cumplir con su labor".
La Contraloría también indicó que está siguiendo las medidas recomendadas en un Informe de Auditoría que data de febrero del 2015, que observa que las concesiones hechas por la Municipalidad "se realizaron sin contar con el informe previo de la Contraloría General y la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas".
Pese a esta advertencia, a la que se agrega que el propio contrato establecía que dichas casetas de peaje debían ser instaladas una vez que estén culminadas todas las obras del mismo, la actual gestión de Luis Castañeda ha seguido adelante con el proceso.
Foto de cabecera: Andina.
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