La constructora Odebrecht aceptó ante un tribunal estadounidense el pasado miércoles que pagó sobornos a funcionarios públicos a cambio de beneficios en contratos. En total fueron 12 países, la mayoría latinoamericanos, en los cuales extendió, desde el 2001, su trama corrupta -destapada gracias a la Operación Lava Jato en Brasil-, y para lo cual destinó 788 millones de dólares.

Fueron en total 788 millones de dólares los que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos. (Infobae)  

La admisión de la firma brasileña forma parte de un acuerdo de lenidad, o sea, una confesión a cambio de reducción de castigo, que incluye a su brazo petroquímico, Braskem, en el que participan Gobiernos de tres países: EEUU, Suiza y Brasil, y que prevé el pago total de 3.500 millones de dólares para que estas empresas se libren de las acusaciones judiciales en los tres países. Es la multa más alta de la historia por sobornos, de la cual el gigante sudamericano se quedará con el 80%, mientras el 20% restante se lo dividirán en partes iguales los estadounidenses y suizos.

Así, esta semana, el mayor escándalo de corrupción del que se tenga memoria en la región, empezó a tomar ribetes oficiales, luego de que varios países implicados en la trama anunciaran sendas investigaciones internas y empezaran a tomar las primeras medidas de una historia cuyo desenlace final es aún de consecuencias políticas insospechadas.

Perú

En nuestro país, Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Perú entre 2005 y 2014, es decir, entre los gobiernos de Toledo, García y Humala. Según el documento, el mayor monto de coimas -20 millones- se dio durante el gobierno de Toledo, o sea, cuando el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski fue premier y ministro de Economía.

En Perù, hay tres gobiernos bajo sospecha. 

PPK fue uno de los primeros en reaccionar ante la revelación, negó haber recibido dinero cuando fue parte del gobierno de Toledo (2001-2006) y apoyó investigar la denuncia de sobornos de Odebrecht. "No recibí nada, ni sé nada (...) y estoy a favor de una profunda investigación", dijo. "Hay que ver a quiénes se le pagó", agregó.

Y es cierto, porque de lo que se sabe del acuerdo, solo se han revelado los montos de las coimas en cada país, pero no las obras por las que se pagaron ni quiénes las recibieron, pero falta poco para saberlo, de acuerdo con las pesquisas que realiza el Ministerio Público peruano, que ya identificó las dos cuentas usadas en Suiza por Odebrecht para los sobornos. El movimiento de esas cuentas, que ya solicitó, determinará de dónde salió el dinero y a manos de quién o quiénes fue a parar.

Colombia

Las autoridades colombianas ya anunciaron una investigación judicial, así como la cancelación de todos los contratos en los que se comprueben que Odebrecht pagó 11 millones de dólares para adjudicarse obras públicas entre 2009 y 2014 por las cuales ganó 50 millones de dólares, según la revelación del acuerdo de lenidad entre la constructora brasileña y la justicia estadounidenses, que además revela que un funcionario colombiano -cuya identidad aún no se identifica- recibió 6,5 millones de dólares.

"El Estado colombiano no dudará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral sus contratos y para evitar que Odebrecht siga teniendo negocios", señaló el jueves Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia.

Ecuador

El presidente Rafael Correa, quien en 2008 expulsó a Odebrecht por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica, pidió a la Fiscalía investigar los sobornos pagados en su país, donde la empresa brasileña mantiene millonarios contratos, según los referidos documentos estadounidenses. La constructora pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.

En una nota de prensa, la Presidencia de Ecuador demandó identificar a todas las personas que están involucradas en la trama corrupta, así como también a quienes operaron en nombre del gobierno.

Tras su expulsión de este país, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador para asumir varias obras con el gobierno de Correa, en el poder desde el 2007, las cuales están en su etapa final.

 Argentina

Tras la revelación del acuerdo de lenidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EEUU, la Oficina Anticorrupción de Argentina informó que ha tomado contacto con fiscales e investigadores de Brasil para solicitar información sobre los sobornos por 35 millones de dólares que la constructora brasileña admitió que pagó a funcionarios argentinos entre 2007 y 2015.

La diputada opositora Margarita Stolbizer pidió a la Fiscalía argentina que abra una investigación preliminar sobre esos casos registrados durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.

La legisladora mencionó que en esa época la corrupción estuvo focalizada, en gran medida, en el Ministerio de Planificación, cuando la cartera estuvo a cargo de Julio de Vido, exfuncionario kirchnerista investigado por la justicia por irregularidades en contratos de obras públicas.

Venezuela

En el país llanero, sumido en una severa crisis económica, política y social, la Comisión de Contraloría del Asamblea Nacional -de mayoría opositora- anunció que investigará los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios del gobierno e intermediarios para conseguir contratos de obras públicas entre 2006 y 2015, durante las gestiones del desaparecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Después de Brasil, Venezuela fue el segundo país en recibir las coimas más altas -98 millones de dólares, según el acuerdo de lenidad- de la constructora brasileña para ganar, adquirir o mantener contratos de obras públicas.

Panamá

A su turno, el gobierno panameño pidió procesar y sancionar a los funcionarios que habrían recibido más de 59 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, según informó una fuente oficial que cita la agencia AFP. En tanto, el Ministerio Público de este país anunció que pedirá información del caso a Estados Unidos.

Odebrecht admitió haber pagado coimas entre 2010 y 2014 a varios burócratas, incluyendo un alto funcionario de gobierno, para adjudicarse obras públicas de infraestructura. A cambio, la empresa brasileña habría logrado beneficios por 175 millones de dólares.


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