"(El TPP) un desastre potencial para nuestro país", dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en video en el que anunció que, una vez que se instale en la Casa Blanca, el 20 de enero próximo, retirará a su país del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
"En cambio, negociaremos acuerdos comerciales bilaterales que generen empleos e industria en EEUU otra vez", agregó el magnate, con lo que confirma lo que ya había dicho en la campaña electoral.
El anuncio de Trump ha dividido a los firmantes sobre la posibilidad de sacar adelante el tratado sin la mayor economía del grupo, que fue firmado en junio de 2005 por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, con el objetivo de crear una futura zona de libre comercio interregional entre Asia y América. Al acuerdo se luego unieron Perú, Australia, EEUU, Vietnam, Malasia, Canadá, Japón y México.
El TPP fue promovido por EEUU. De hecho, fue un elemento clave de la política exterior del aún presidente estadounidense, Barack Obama, porque uno de sus objetivos fue priorizar la relación con el Asia-Pacífico, como una manera de hacer frente a la creciente influencia de China, que no forma parte del acuerdo.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Trump, y dijo que sin Estados Unidos, el acuerdo no tiene sentido, porque -dijo- el equilibrio fundamental de ventajas comerciales se vendría abajo, y renegociarlo de la misma manera resulta imposible.
En eso coincide Karishma Vaswani, el corresponsal de la BBC sobre temas de Negocios en Asia: "Ciertamente, como algunos han indicado, los demás países pueden seguir adelante con el acuerdo por su propia cuenta, pero ¿qué sentido tiene si ya no dispondrán del acceso irrestricto al mercado estadounidense?".
En esto coinciden otros analistas como Jacob Kirkegaard, investigador del Peterson Institute for International Economics, centro de estudios en Washington, quien cree que Trump le dio la estocada final al TPP. "En principio otros países pueden continuar sin EEUU, pero dudo que pueda navegar todo el complejo proceso doméstico de ratificación sin la recompensa del acceso al mercado estadounidense al final", explicó a Efe.
El propio portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el anuncio de la retirada supone "una oportunidad perdida" que tendrá "efectos negativos" para las empresas y trabajadores estadounidenses. "Es una verdadera pena. Es trágico y profundamente desalentador, ver cómo se da marcha atrás a estas políticas", dijo en su comparecencia diaria ante periodistas.
De hecho, durante la Cumbre APEC, que se cerró en Lima el domingo último, un tema clave de la declaración final, que tuvo como núcleo un claro rechazo a la retórica proteccionista se Trump, es el impulso del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, Free Trade Area of the Asia-Pacific) como alternativa al TPP que está en salmuera. Y esta vez será China el "jugador más importante" de este acuerdo en ciernes, según dijo el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
El TPP se firmó finalmente el pasado 4 de febrero en Auckland. Para que entre en vigor tiene que ser ratificado por los parlamentos de sus 12 miembros. El plazo para hacerlo es hasta febrero de 2018.
Un acuerdo resistido
A estas alturas, el TPP parece herido de muerte. Pero lo cierto es que, desde el inicio, este acuerdo fue muy resistido por organizaciones de la sociedad civil de varios de los países firmantes. Desde Australia a Perú, desde Nueva Zelanda a Malasia y desde Chile a Japón hubo oposición a la agenda del TPP, porque se considera que este pacto, por ejemplo, expandiría los monopolios de empresas farmacéuticas.
Precisamente, en el caso del Perú, las principales resistencias residen en el impacto negativo que tendría el acuerdo en el precio de los medicamentos. Y aunque en el gobierno lo han negado, las dudas persisten y son legítimas. Así lo explica Ana Romero, directora de la Red Peruana de Globalización con Equidad.
“Desde Perú venimos resistiendo por años la imposición del TPP, por ser un acuerdo negociado en secreto y abiertamente antidemocrático, dado que trasciende la agenda comercial multilateral pretendiendo promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional. Asimismo este acuerdo ha venido excluyendo del proceso a actores claves como a la sociedad civil, a los congresistas e incluso a sectores gubernamentales que mostraron sus preocupaciones frente a los impactos negativos que este traería".
En nuestro país, por ejemplo, hace poco se dispuso el retiro de Maruja Crisante de su puesto como jefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), luego que la funcionaria expresara en un foro público realizado en el Congreso, serios cuestionamientos al TPP por las restricciones que impondría al acceso a medicinas biosimilares de menor precio. Así lo reportó La República.
Incluso, el portal informativo Peruanos contra el TPP difundió las conclusiones del documento presentado por Crisante en el evento:
El 5 de octubre de 2015 finalizaron las largas negociaciones que sentaban las bases del acuerdo comercial más ambicioso entre los 12 países miembros, que representan cerca del 40 % del PBI mundial.
Los últimos obstáculos estaban referidos al acceso a los mercados de productos lácteos, las cuotas agrícolas, la automoción, las leyes de propiedad intelectual y los plazos de patentes farmacéuticas.
Este acuerdo elimina las tarifas para la importación de vehículos extranjeros si al menos un 45 % está producido en los países de la región, además de liberalizar parte de los sectores agrícolas de países altamente proteccionistas como Japón o Canadá.
En Australia, grupos comunitarios iniciaron campañas desde 2009 contra el TTP, porque consideran que este acuerdo le daría más derechos a las corporaciones globales y haría más difícil para los gobiernos de regular para el beneficio del interés público. "Seguiremos haciendo campañas para asegurar que el TPP no se utilice como modelo para otros tratados comerciales y para abogar por un comercio justo basado en los principios de derechos humanos y sostenibilidad ambiental", dijo la doctora Patricia Ranald, de la Red Australiana de Comercio e Inversión Justa.
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