Mañana se decidirá si el ministro de Educación, Jaime Saavedra, será interpelado por un presunto caso de corrupción en su sector. Según lo declarado a los medios de comunicación por congresistas fujimoristas y apristas, todo indica que así será. Esto es considerado como algo desmedido por el gabinete ministerial. Saavedra, por su parte, no se niega a asistir al Congreso de la República pero no cree que debe asistir como interpelado. Por ello hoy remitió una carta a la presidenta del parlamento, Luz Salgado, en la que solicita se le permita asistir al Pleno para explicar lo ocurrido en su sector: consultorías, adquisiciones, Comité Olímpico peruano, entre otros puntos.
Como se sabe, el pasado domingo el programa periodístico de televisión Panorama emitió un informe en el que dio cuenta de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en la compra de computadoras para colegios por la suma de S/146'397.709 hecha por el Ministerio de Educación (Minedu). Como en anteriores casos, parte de este desembolso fue a parar a cuentas de testaferros.
Las adquisiciones se efectuaron mediante una modalidad llamada convenio marco, que evita las licitaciones públicas y permite que un funcionario del Ministerio de Educación pueda comprar desde su despacho a través del catálogo virtual del portal Perú Compras.
La exjefa del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, Ruth Vilca Tasayco, estaría comprometida, según el reportaje.
Contrataciones del Estado
Según la normativa de contrataciones del Estado vigente, las entidades públicas están obligadas a consultar los catálogos electrónicos de acuerdos marco de manera previa a la contratación de un bien o servicio. Si el bien o servicio es parte de un catálogo y cumple las condiciones requeridas por la institución, ésta tiene la obligación de contratarlo por esta vía.
Tomando en cuenta ello, el Minedu no tendría injerencia ni decisión respecto a la generación de acuerdos marcos ni sobre la selección de los proveedores que ofertarán sus productos y servicios a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marcos. Es decir, la adquisición de computadoras de escritorio, portátiles, proyectores y escáneres debe efectuarse mediante el catálogo electrónico de acuerdos marco. ¿Responsabilidad política sí?
"En cuanto a la adquisición de las computadoras portátiles mencionadas en el reportaje de Panorama, de la revisión de los expedientes de contratación, se advierte que el catálogo electrónico contenía más de 500 ofertas que cumplían las especificaciones técnicas de las computadoras requeridas para la Jornada Escolar Completa, y en ese sentido, el Minedu estaba obligado por ley a adquirir los bienes a través de la modalidad de convenio marco. En este contexto, el ministerio adquirió los bienes al proveedor que ofertaba el stock requerido al menor precio", explica a LaMula.pe una fuente cercana a este portafolio.
Mientras en el Congreso se habla de indicios de corrupción, interpelación y censura, hay que decir que conocida la denuncia el Minedu solicitó a la Contraloría General de la República disponga que una Comisión de la Contraloría o el Órgano de Control Institucional haga una investigación sobre las adquisiciones. Asimismo, solicitó a la Procuraduría Pública del Ministerio que ejerza las acciones legales correspondientes.
Mientras fujimoristas y apristas piden su cabeza, hoy el ministro Saavedra ha estado en distintos medios de comunicación respondiendo toda duda sobre las contrataciones de su sector. Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, afirmó que el pedido de interpelación es desmedido.
Si ha habido un caso de corrupción es obvio que debe haber investigación y sanción para quienes hayan participado de este dolo. Lo que no debe haber es un cargamontón de quienes desean que Saavedra renuncie (y que quieren modificar la Ley Universitaria a su medida).
Acusan sin autoridad
"Este ataque viene con fuerza y el tema de fondo es la reforma universitaria. Reforma que defiende los intereses de los alumnos y sus padres a tener una educación de calidad y no ser estafados con un título que no sirve para nada. Pero los mercenarios de la educación han puesto su dinero en todas las campañas políticas. Y vienen a cobrar. No esperarán nada para tomar por asalto la Sunedu y volver a entregar a los rectores su propia supervisión como propone el proyecto aprista de Velásquez Quesquén", escribe hoy la abogada y periodista Rosa María Palacios en su blog.
Ella reconoce que sí pueden censurar al ministro, pues tienen 72 votos más 5 apristas. "¿Puede aprobar leyes que destruyan a Sunedu? Pueden, tienen los votos. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué quieren buscar una elaborada denuncia de corrupción contra Saavedra?", se pregunta. Y la respuesta a la segunda interrogante es la siguiente: "[Tienen] miedo a que se les vea el fustán, Miedo a que todo el país sepa cuál es el verdadero y vil interés detrás de esto. Miedo a que el Presidente se harte de esos jueguitos y haga cuestión de confianza, del gabinete, la presencia de Saavedra".
¿Lo interpelarán? ¿Lo censurarán? ¿El presidente Pedro Pablo Kuczynski le dará su confianza a Saavedra y lo defenderá a capa y espada?
En las redes sociales, luego de conocerse el reportaje de Panorama, se hizo conocido en Twitter el hashtag #FueraSaavedra, que recogió el pedido de usuarios para que el ministro de Educación deje el cargo. Han pasado los días y se han conocido los intereses de los políticos acusadores, y ahora en la misma red es tendencia #SaavedraNoSeVa.
De hecho existe una serie de críticas contra la gestión de Saavedra -por ejemplo la prioridad que ha recibido la educación urbana regular por sobre la rural e intercultural durante estos últimos años, y que viene desde otras gestiones-. Pero los últimos hechos, es decir las vinculaciones de parlamentarios fujimoristas y apristas con los intereses de universidades privadas, la presión política desde el inicio contra PPK por mantener en el gobierno a un funcionario de la gestión Humala -una gestión que fue crítica del partido naranja y del de la estrella-; todo ello pone en duda la voz de los acusadores. Si bien es cierto aquello, el ministro debe responder por las denuncias que lo han puesto contra las cuerdas.
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