En la localidad de Nazareth de Uchu, en el distrito de Huamanquiquia, provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, se celebraba, entre el 11 al 16 de agosto de 1984, la Fiesta de la Virgen de la Asunción. Los habitantes de esta comunidad se preparaban para esta conmemoración, cuando ocurrió algo inesperado.
El 13, Sendero Luminoso, ya presente en tierras ayacuchanas por esos años, reclutó a campesinos de localidades cercanas como Tinca, Uchi y Patara para atacar a la comunidad de Huambo. Al día siguiente ingresaron a Nazareth de Uchu para seguir con el reclutamiento.
Con las multitudes en la fiesta, los senderistas podían haber pensado que tendrían buena cosecha. Pero los habitantes de Nazareth de Uchu, encabezados por Neófilo Bravo y Marina del Pino, mayordomos de la fiesta, se negaron.
En represalia, Sendero asesinó a esta pareja de esposos, junto a su hijo Osvaldo. El cuñado de este, Andrés Vivanco, también fue eliminado por los senderistas, debido a que defendió a sus suegros.
Cuando ocurrió esto, Guillermo Bravo del Pino, hoy presidente de la Asociación de Familiares de Nazareth de Uchu y en ese entonces de ocho años, no pudo velar a sus caídos, pues los cuerpos de estos fueron envueltos en ponchos y mantas y reunidos en la puerta de una escuela.
Al día siguiente, 15 de agosto, fueron enterrados por miedo a represalias de los senderistas, junto a Zósima Bravo Sotomayor, Gliceria Enríquez Chaico y Gabino Huamán Barrantes, que también fueron víctimas del terror. Guillermo cuidó que nadie fuera enterrado encima de sus familiares.
Tres décadas después, en 2014, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Comisión Internacional de Juristas denunciaron el irregular entierro de las víctimas de Nazareth de Uchu ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, a través del abogado Ronald Gamarra.
Sin embargo, el Departamento contra el Terrorismo (Decoter) de la Policía Nacional, que inicialmente tuvo el expediente del caso, no lo derivó a la citada Fiscalía hasta mayo del 2015. Adujo que no pudo citar a los familiares de las víctimas "porque no los ubicaban"
La Fiscalía programó la exhumación de los cuerpos para enero del 2016; pero decidió postergarla para abril, pese a que el EPAF insistió por su realización.
Sorpresivamente, la Fiscalía restituyó los cuerpos a sus familiares en agosto de este año sin que EPAF, interesado en el caso, fuera notificado, y sin poder hacerse el análisis para conocer, en detalle, las causas de las muertes y las identidades de los siete habitantes de Nazareth de Uchu.
EPAF ha advertido que esto "no se trata solo de una falta al procedimiento, sino de una falta de respeto a las familias y a quienes formamos parte del proceso de investigación".
Pese a que "comparte la tranquilidad" de los familiares al haber dado sepultura definitiva a sus caídos, el EPAF advirtió que "no se puede confiar en el trabajo de la fiscalía porque hasta el día de hoy no logra entender cuál es el problema que hay que enfrentar".
"El hábito de la Fiscalía siempre ha sido actuar de manera efectista: estadísticas que mostrar, archivamiento de casos cuando no se conoce al responsable. Esta es la razón, entre muchas otras, de porqué el Presidente Ollanta Humala promulgó la ley de búsqueda de personas desaparecidas el mes de junio con el fin de que sea el Ministerio de Justicia y ya no la Fiscalía la encargada de dirigir la búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil"
El EPAF señaló que este "no es un caso de búsqueda de desaparecidos", sino de "ratificación de identidad de víctimas ejecutadas y enterradas de manera irregular por sus familiares quienes no cuentan con un certificado de defunción y sus herederos no pueden disponer de sus bienes".
Fotos: Percy Rojas/ EPAF
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