La directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Gisela Ortiz, advirtió que el Estado peruano debe determinar cuántos fueron los desaparecidos que dejó la época de la violencia política, desatada en nuestro país entre 1980 y 2000.
La activista de derechos humanos, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, una de las víctimas del crimen de La Cantuta, sostuvo que el Estado debe determinar esta cifra, pues "influirá en las decisiones acerca de la estrategia para buscarlos", en el marco de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, promulgada por el expresidente Ollanta Humala un mes antes de finalizar su mandato.
Ortiz recordó que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), existen 8,558 desaparecidos debido a la violencia política; mientras que el Ministerio Público ha establecido que son 15,731. "Hay una diferencia numérica enorme y delicada", expresó.
"¿Cuántos desaparecidos son exactamente? ¿A cuántos debemos buscar? Ésta debería ser la primera pregunta a la que el Estado peruano debería dar respuesta, no sólo para las familias de los desaparecidos y sus comunidades, sino para todos y todas".
La integrante del EPAF fue enfática en señalar que "cuando hablamos de desaparecidos, incluimos en ellos a los policías y militares, quienes fueron asesinados o muertos en enfrentamiento, cuyos cuerpos nunca fueron devueltos a sus familiares".
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