La polémica destitución de Dilma Roussef como presidenta de Brasil por parte del Senado de ese país abre dos caminos que buscan preservar la institucionalidad democrática en un país enfrentado políticamente, dividido socialmente y sumido en una crisis económica. Por un lado, el ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT) buscará anticipar la elección prevista para el 2018 y, por el otro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia una medida cautelar a favor de la exmandataria.
"Ahora, frente a un gobierno que no tiene voto, que usurpa el poder, pensamos que la única manera de restablecer la democracia en el país es por el voto popular", dijo en una conferencia de prensa en la sede del partido en Sao Paulo el presidente del PT, Rui Falcão, en alusión a la administración de Michel Temer.
la legitimidad de temer está en entredicho.
El dirigente explicó que ya están estudiando, con los demás sectores, partidos y frentes, el mejor camino para lograr las elecciones 'Directas ya', el mismo nombre que se usó para la redemocratización durante la dictadura militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985.
"Espero que podamos volver a establecer la democracia en el país con las elecciones para presidente, en sustitución del golpista que está allí y de todo su equipo ilegítimo", agregó Falcão.
PREOCUPACIÓN EN LA CIDH
En tanto, la CIDH, organismo autónomo de la OEA, expresó "su preocupación ante la destitución de la presidenta constitucional y democrática de Brasil a través de un juicio político sobre el cual se han planteado cuestionamientos respecto a las garantías del debido proceso", y recordó que tiene bajo análisis dos recursos presentados por el PT a favor de Rousseff: una medida cautelar y una petición (denuncia).
La medida cautelar es un mecanismo que la CIDH adopta cuando cree que hay urgencia a la hora de proteger los derechos de una persona o grupo al existir una situación de riesgo, mientras que las denuncias suelen tardar años en resolverse por la complejidad del trámite y el retraso procedimental ante la falta de fondos de la entidad.
A juzgar por el tono de su pronunciamiento, cuando señala que el juicio político al que fue sometida Rousseff "debió contar con las garantías mínimas", más aún si se trata de un proceso que versa sobre una funcionaria pública elegida por voto popular, es probable que declare fundada la medida cautelar.
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