La lucha por el respeto y reconocimiento de derechos para los peruanos LGTBI en el Perú se ha intensificado en los últimos años gracias a iniciativas legislativas con cierto nivel de mediatismo como el proyecto de unión civil. Sin embargo, las demandas provenientes de este sector de la población van mucho más allá que la legalización de las relaciones entre homosexuales.
La situación de vulnerabilidad por la que atraviesan y los niveles de discriminación a los que se enfrentan gays, lesbianas, trans, bisexuales y todo aquel que no se considere heterosexual, es cada vez más evidente. Y no porque en años pasados no existiera, sino porque hoy desde la misma comunidad LGTBI nadie está dispuesto a seguirla ocultando.
Bajo esa línea es que hoy se busca el apoyo de las diversas instituciones públicas para impulsar normas y medidas que permitan otorgarle -en la práctica- ciudadanía plena a millones de peruanos. La Defensoría del Pueblo es una de estas instituciones y este lunes dio un paso más con la publicación de su Informe Defensorial N°175 Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú.
[Puedes leer el informe aquí]
Con este documento valioso, teniendo en cuenta que viene de parte de la institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía, no solo se explica en líneas generales y entendibles la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la comunidad LGTBI, sino que se recomienda también a todos los poderes del Estado y una serie de instituciones públicas el adoptar normas y políticas a favor de la protección de sus miembros.
Entre sus principales recomendaciones encontramos las siguientes.
Al Congreso de la República: Adoptar por fin una ley de identidad de género; una ley que reconozca la unión civil entre homosexuales; modificar decreto legislativo que permita incluir expresamente a la población LGTBI en la categoría de vulnerable, y así pueda ser incluida en la política del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP; modificar el Código Penal incluyendo las categorías de orientación sexual e identidad de género (art. 46.2 y 323)., para de esta manera sean calificados como crímenes de odio los cometidos contra estas personas.
Al Poder Judicial: Capacitar a jueces y sus auxiliares sobre criterios de igualdad y no discriminación; implementar un registro de procesos judiciales. que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como discriminación contra las personas LGTBI.
Al Ejecutivo
Al MMIMP: Incorporar en todos sus planes nacionales y sectoriales criterios de orientación sexual e identidad de género.
Al Ministerio de Justicia y DDHH: Incorporar a la comunidad LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos; articular con el resto de sectores una vez que se modifique la ley de Organización y Funciones del MIMP que le permita asumir a este rectoría sobre este sector de la población.
Al Ministerio de Salud: Perfeccionar los protocolos de atención de modo que se destierren ciertos prejuicios y estigmas respecto a las personas LGTBI; desarrollar estrategias para mejorar el respeto y calidad de atención hacia estas; incorporar políticas que permitan brindar servicios específicos de salud sexual y reproductiva; desarrollar planes específicos de salud mental que atiendan los problemas emocionales que puede generar en estas personas un trato estigmatizante y discriminatorio; mayor presupuesto para la Estrategia Sanitaria de VIH/SIDA, teniendo en cuenta que son uno de los grupos con mayor riesgos; establecer criterios uniformes para el registro de información sobre morbilidad y mortalidad por VIH/Sida en población LGTBI.
Al Ministerio de Educación: Desarrollar estrategias nacionales que incluyen la capacitación de docentes y comunidad educativa para prevenir violencia y discriminación a niños, niñas y adolescentes LGTBI; aprobar Plan Estratégico Nacional de la Juventud incorporando acciones para jóvenes LGBTI.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores: Coordinar con el MINJUS y el MIMP para la aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Al Ministerio Público: Capacitar al personal en todos los distritos fiscales del país respecto a criterios de igualdad y no discriminación; implementar registro de denuncias e investigaciones en agravio de personas LGTBI.
Al Ministerio del Interior y la PNP: Adoptar directivas para que en las comisarías y dependencias policiales se pueda antender de forma adecuada las denuncias presentadas por personas LGTBI; capacitar respecto a los criterios de igualdad y no discriminación; establecer una estrategia comunicacional sobre el respeto a personas LGTBI.
A la RENIEC: Capacitar e incluir la problemática de las personas trans en el Plan Nacional contra Indocumentación, asimismo institucionalizar el Grupo de Trabajo para la documentación de las personas transgénero.
Al INEI: Incluir en las encuestas y censos datos que permitan conocer la situación real y las necesidades de la comunidad LGTBI.
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