En el más breve plazo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinará si el Estado peruano violó los derechos de más de 70 afectados por la contaminación por plomo en La Oroya, causada por la actividad extractiva de la empresa Doe Run, que opera en dicha ciudad desde 1997.
Así lo informaron los abogados Christian Huaylinos, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); y María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes informaron que la CIDH ya tiene información sobre los avances del caso desde hace casi una década.
LA HISTORIA
Ante los casos de personas afectadas por contaminación por plomo en la Oroya, AIDA decidió presentar, en noviembre del 2005, una demanda ante la Comisión Interamericana. Dos años después, mientras que esperaba una definición, hizo una solicitud adicional que dicte medidas de urgencia.
En agosto del 2009, la CIDH admitió el caso, luego de haber examinado la información que solicitó tanto a las organizaciones como al mismo Estado peruano. Además, determinó que este último, a través del Minsa, debía atender a 65 afectados por la contaminación en La Oroya.
Al año siguiente, tanto AIDA como Aprodeh solicitaron que 14 personas más, todos familiares de los 65 afectados, también sean comprendidos como beneficiarios, lo que ha sido aceptado en mayo del presente año.
En el plano local, en el 2006 el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Minsa implementar un sistema de emergencia para atender a dichas personas afectadas
¿CÓMO HA ACTUADO EL ESTADO?
Según Veramendi y Huaylinos, el Estado no ha cumplido cabalmente ni con lo determinado por la Comisión Interamericana ni por el TC, pues no solo no ha atendido debidamente a los afectados, sino que incluso se ha puesto en peligro su seguridad.
En el plano de la atención médica, solo se han realizado pruebas de sangre y diagnósticos; pero no ha habido tratamiento especializado ni seguimiento del estado de los afectados. Esas acciones, insuficientes, fueron hechas a solicitud de AIDA y Aprodeh, pero no por iniciativa del sector Salud.
Sobre las pruebas de sangre, recordaron que el plomo puede estar en el torrente sanguíneo hasta por 15 días, pero en los huesos este mental "es permanente", por lo que indicaron que también deben hacerse pruebas óseas.
En cuanto a la implementación ordenada por el TC, Huaylinos refirió que en el 2008 se elaboró un protocolo de atención en salud para los afectados, "pero nunca se puso en marcha".
La seguridad de los afectados también ha estado en riesgo, puesto que han sido hostigados por los trabajadores del complejo metalúrgico, que los responsabilizan por la paralización del mismo, con ataques e insultos.
Veramendi refirió que como algunos de los 65 afectados no fueron a recoger sus resultados, en parte por maltratos que recibieron en el mismo centro de salud de La Oroya, los responsables del este recinto perifonearon sus nombres por toda la ciudad, por lo cual ahora sus identidades están en reserva.
Sobre los nuevos 14 beneficiarios, Veramendi indicó que sus identidades también son secretas, para evitar dichos maltratos y hostigamientos.
Por todas estas razones, que indican negligencia e incompetencia, es que ambas instituciones han presentado la demanda ante la CIDH para que determine si el Estado violó los derechos de los 79 afectados.
PPK: BUENA SEÑAL SU VISITA, PERO TAMBIÉN DEBE VER LA SALUD Y EL AMBIENTE
Veramendi saludó que hace pocos días, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski haya visitado La Oroya, pero manifestó que "nos preocupa no haya hecho referencia al tema del medio ambiente y la salud".Por ello, hizo un llamado a que el nuevo gobierno "se enfoque en una atención integral" al problema de La Oroya.
Sobre la permanencia de Doe Run, ambos opinaron que no se oponen a esto, pero que "debe cumplir con los estándares ambientales". "El derecho al trabajo es fundamental, pero también hay que tomar en cuenta otros derechos", expresaron.
Foto de cabecera: Blog La Oroya por un cambio.
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