El futuro Gobierno de España deberá hacer frente a problemas de largo recorrido: recortar la elevada tasa de desempleo -situada en el 21 %-, cumplir con el objetivo de déficit comprometido con la UE y encajar el desafío soberanista que impulsa el parlamento regional de Cataluña. 

Pese a estos obstáculos, el equipo al frente del nuevo Ejecutivo encontrará una economía en fase expansiva, aunque deberá afrontar la desaceleración prevista para este año.

La UE ha dado un año de prorroga a España para cumplir con el objetivo de déficit -y situarlo por debajo del 3 % del PIB-, por lo que el próximo Gobierno será el responsable de aplicar las medidas fiscales para regularlo.

Este margen dado por Bruselas tiene como condición que en los próximos dos años se realice un ajuste de 8.100 millones de euros (0,75 % del PIB), para bajar el déficit al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % en 2017.

El próximo equipo de Gobierno deberá decidir si actúa por el lado del gasto (recortándolo) o de los ingresos (con más impuestos), o si no hace ninguna de las dos cosas y fía la corrección del déficit al efecto de la recuperación económica y de unos bajos tipos de interés.

Mientras el gobernante PP (centroderecha) mantiene su promesa de bajar los impuestos, los socialistas apuestan por un ambicioso Plan de Emergencia Social para los ciudadanos en situación de desprotección, que incluye una subida del salario mínimo y un ingreso mínimo vital de 426 euros.

La coalición Unidos Podemos (izquierda antiausteridad) mantiene su propuesta de incrementar el gasto público y aumentar los impuestos a los más ricos, mientras los liberales de Ciudadanos proponen bajar los impuestos a las clases medias.

El gobierno que salga de las urnas deberá combinar sus promesas electorales, con el control del déficit y la desaceleración económica, que se impondrá ligeramente este año a medida que pierdan fuelle los elementos que han impulsando la economía: el abaratamiento del petróleo, la depreciación del euro o la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE).

Otro de los grandes desafíos del nuevo Gobierno será recortar la tasa de desempleo española, situada en el 21%. Pese a que España crea empleo más rápido que el resto de sus socios europeos, por encima del 3 %, el trabajo que se crea es peor, la mayoría es de carácter temporal y en el sector servicios.

Todos los partidos políticos apuestan por crear empleo: El PP incide en que la reválida de su mandato es necesaria para que se consume la recuperación económica y en 2020 se alcancen los veinte millones de ocupados (frente a los 18 millones de ahora).

Unidos Podemos se compromete a bajar el desempleo en 2019 al 11% y alcanzar un año antes los veinte millones de ocupados que promete el PP, mientras que el socialista PSOE apuesta por un plan de choque contra la precariedad laboral y la subida del salario mínimo.

Ciudadanos propone la creación de un contrato único e indefinido, acompañado por medidas de fomento, y promete la creación de 2,5 millones de empleos.

Frente a estos dos caballos de batalla en materia económica, se encuentra el desafío soberanista que impulsan desde el año pasado un grupo de partidos en el parlamento regional de Cataluña, con el objetivo de declarar la independencia de la región.

Todos los partidos defienden la unidad de España, menos Unidos Podemos que contempla la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de la región, uno de los puntos más controvertidos de su programa.

PP, Ciudadanos y socialista rechazan esta propuesta de plano y aseguran que abocaría a la ruptura de España, con otras regiones como País Vasco, con un fuerte sentimiento independentista.

Aunque los socialistas mantienen su rechazo a un referéndum sobre la independencia de la región, han incorporado a su programa electoral la firma de "un pacto político" con la región que reconozca su "singularidad" y mejore su autogobierno. (EFE)

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