El Poder Ejecutivo aprobó el 'Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas', una medida que establece articular acciones de los diferentes sectores e instituciones para hacerle frente a este delito. 

El protocolo, que forma parte del 'Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas' y de la política nacional establecida para enfrentar al delito, indica los lineamientos que deben seguir nueve ministerios, además de comprometer al Poder Judicial, al Ministerio Público y a diversas instituciones para trabajar de manera coordinada. 

En esta labor están involucrados los ministerios del Interior, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo.

A ellos se agregan instituciones como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), gobiernos locales y gobiernos regionales.

Al respecto, Alejandro Silva Reina, director general para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, refirió que el protocolo permitirá articular acciones con la finalidad de estandarizar procedimientos en las instituciones públicas, así como en entidades privadas, 'que cuentan con programas y servicios vinculados a la trata de personas'. 

Uno de sus puntos más importantes es el que establece que las víctimas, después de su rescate, deben contar con alojamiento, alimentación, asistencia psicológica, médica y jurídica de manera gratuita. 

Asimismo, se debe promover el retorno de las víctimas nacionales y extranjeras a sus lugares de origen o residencia, y asegurar que su participación procesal se dé de forma segura. 

Es importante tener en cuenta que el protocolo está alineado a los marcos normativos internacionales y nacionales, y toma todas las recomendaciones dadas por la ONU.

La trata de personas es un fenómeno delictivo que afecta a la dignidad de las personas y reduce a sus víctimas a la condición de objetos. En el Perú, aproximadamente el 80% de los casos son mujeres y el 60% son niños, niñas y adolescentes. 

(Con información de andina.com.pe)

(Foto de cabecera: andina.com.pe)