La comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya de Ucayali y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), con el apoyo de Forrest People Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), acaban de lograr una histórica decisión de la RSPO (Mesa redonda sobre aceite de palma sostenible), un mecanismo conformado por empresas de palma aceitera alrededor del mundo cuya labor es garantizar que sus miembros cumplan con los requisitos para tener una certificación internacional de buenas prácticas.
El panel de quejas de esta asociación aplicó una orden preliminar de ‘detener trabajos’ a la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, que le pertenece al Grupo Melka (unos de los miembros de la RSPO), y cuyas operaciones están afectando el territorio ancestral de la comunidad denunciante.
Según el comunicado emitido por el organismo internacional, la orden se emitió después de que dicha comunidad presentara una queja formal en diciembre de 2015 por la destrucción de más de 5000 hectáreas de su bosque ancestral. Dicho documento cita el impacto devastador para los ríos y la ecología forestal -de la que dependen los comuneros para subsistir-, la destrucción de casas de la comunidad y las restricciones impuestas por la empresa a los comuneros que quieren entrar al bosque.
Esta queja es la primera de este tipo en presentarse en el Perú, donde actualmente solo hay cuatro miembros de la RSPO, entre los cuales se encuentra Plantaciones de Pucallpa.
El comunicado señala cinco áreas claves en las que habrían sido infringidos los principios de la asociación. Estas incluyen: el no respetar los derechos territoriales consuetudinarios -que son una obligación legal en este país-, la deforestación de bosque primario -que está estrictamente prohibido tanto por la legislación peruana como por la RSPO-, y la deforestación sin los permisos que exige la ley peruana.
Más aún, la asociación compuesta por representantes de todos los actores involucrados en la industria de palma aceitera, resaltó que sus Procedimientos para Nuevas Plantaciones (PNP) han sido claramente violados, ya que la RSPO no fue notificada antes del inicio de las actividades. Los PNP también requieren que antes del inicio de las actividades las empresas realicen estudios del impacto ambiental, una evaluación de las áreas consideradas con Alto Valor de Conservación e inicien procesos para lograr el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas. La queja inicial estableció claramente que la empresa no ha realizado ningún proceso de CLPI con la comunidad de Santa Clara de Uchunya
El panel de quejas, además, recordó a la empresa que la intimidación de comunidades está estrictamente prohibida. Esta acotación es importante pues los dirigentes de las comunidades cercanas a la plantación han recibido múltiples denuncias legales infundadas de parte de Plantaciones de Pucallpa. Mientras tanto, otros activistas locales han recibido amenazas anónimas de muerte en los últimos meses a raíz de su oposición abierta a las operaciones de la empresa.
El panel de quejas de la RSPO le ha dado, entonces, a Plantaciones de Pucallpa 14 días para demostrar que han cumplido con las obligaciones establecidas, entre ellas:
1. Demostrar que se ha cumplido con todos los requerimientos legales en la adquisición, tala y siembra del área de concesión
2. Demostrar que al establecer la plantación no se ha talado el bosque primario u otra área de alto valor de conservación.
Mientras tanto, el panel prohíbe a Plantaciones de Pucallpa que lleve a cabo cualquier actividad de tala y siembra en espera de la resolución de esta queja.
Las autoridades de la comunidad de Santa Clara, apenas unos días antes de esta resolución, reiteraron su queja y explicaron que: “Desde que presentamos la queja , la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC sigue ocupando la zona en cuestión que ahora está rodeada por una cerca de alambre de púas y controlado por un puesto de control impidiendo la entrada de nuestros comuneros a nuestro territorio…. Además, nuestras autoridades y miembros están siendo denunciados ante las autoridades judiciales por operadores de esta compañía por oponerse a la deforestación y por defender nuestro territorio, al cual de ninguna manera vamos a renunciar.”
¿Quiénes son estos empresarios?
Plantaciones de Pucallpa es una de las empresas registradas en el Perú con conexiones a una red corporativa compleja, que se conoce colectivamente en el Perú como el Grupo Melka, esta red es aparentemente controlada por Dennis Melka, un empresario de EEUU. El Sr. Melka también fundó la agroempresa Asian Plantations en Malasia. Las empresas del Grupo Melka en el Perú, entre ellas Cacao del Perú Norte SAC y Plantaciones de Ucayali SAC y sus empresas matrices United Cacao Ltd y United Oils Ltd, ya han provocado en el pasado denuncias similares de deforestación ilegal y conflictos territoriales.
¿Qué ha hecho el Estado?
Al parecer, no mucho. Más allá de aparecer simplemente para no quedar mal. El 2 de Setiembre del 2015 el Ministerio de Agricultura ordenó la suspensión de las operaciones de Plantaciones de Pucallpa SAC pero hasta la fecha esta orden aparentemente no ha sido implementada.
¿Qué consecuencias podrían perjudicar a la empresa si no cumple esta orden?
Los certificados internacionales de buenas prácticas son en muchos países requisitos para que algunos productos ingresen al mercado. De quitársele el certificado, el Grupo Melka sentiría el golpe donde le duele (y tal vez, en el único lugar donde realmente sienta algo), el bolsillo. A pesar de eso, la solución de problemas como este está lejos de ser el de ceñir estas actividades a las certificaciones internacionales.
El Dr. Tom Griffiths, Coordinador del Programa de Financiación Responsable del FPP, señala:
"Es cierto que estos sistemas de certificación voluntaria juegan un papel importante pero no pueden remplazar a un sistema efectivo de regulación local, nacional y mundial para toda la cadena de suministro de productos como el aceite de palma. En el caso del Perú, los compromisos ambiciosos del gobierno peruano para la protección de los bosques y el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas fracasarán si no se introducen reformas en los marcos normativos que regulan la deforestación, el cumplimiento de la ley y un sistema injusto para la adjudicación de tierras”.
El Estado se tiene que poner las pilas y plantear reformas que defiendan el territorio y los bosques. Mucho más si se acaba de comprometer frente al mundo en ser un actor importante en la defensa del medio ambiente.
Enlaces Relacionados
Denuncian al Grupo Melka por deforestar más de 13,867 hectáreas de la Amazonía
¿Impunidad? Deforestación y contaminación de bosque de Tamshiyacu sigue sin solución
Cacao sin deforestación, una iniciativa peruana premiada por la ONU
Convoca presenta el informe sobre deforestación de la amazonía en manos del grupo Melka
El crecimiento económico sin deforestación es posible
COP21: Manuel Pulgar-Vidal se llevó los aplausos
La deforestación en la Amazonía peruana se desacelera pero las cifras siguen siendo preocupantes
