Tan solo unos pocos días después de que miles de brasileños salieran a las calles a protestar en contra del régimen de Dilma Rousseff en vista de su implicación en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, el expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva aceptó asumir la jefatura del gabinete de ministros. 

Es de esta manera que el exmandatario abandona su retiro político para hacerse cargo de lo que muchos consideran el segundo puesto político más importante del país, lo que muchos interpretan como una maniobra que le dará inmunidad justo cuando está siendo investigado por corrupción. 

Frente a esta situación cabe preguntarse: ¿Este nombramiento podría permitir que Rousseff salga de la peor crisis política que viene afectando a Brasil desde hace años? O más bien ¿representa el comienzo del fin de su gobierno?.

1. El beneficio del nombramiento de Lula para Rousseff

Lula continúa siendo el gran bastión del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) debido a su expandida popularidad, sobre todo luego de reducir la pobreza y la desigualdad cuando estuvo al frente del país entre el 2003 y el 2010. 

Por ello se especulaba, ya desde hace semanas, sobre su posible nombramiento para ayudar a energizar la base del PT frente a los problemas de la administración de Rousseff. De hecho, varios analistas afirman que su entrada en el gabinete le daría orden a lo que muchos consideran un caótico gobierno. 

Rousseff está muy debilitada políticamente por los escándalos de corrupción. Además enfrenta denuncias ante el tribunal electoral por realizar una campaña con fondos presuntamente ilícitos. 

Lula también podría ayudar a encausar las negociaciones con el principal partido de la coalición, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

El PT está en minoría en ambas cámaras del Congreso y el PMDB dispuso el pasado sábado un plazo de 30 días para decidir si continuaba o no en el gobierno, algo que también podría empujar a otros partidos a hacer lo mismo. 

Para el Gobierno mantener el apoyo del PMDB es fundamental, no solo para por la gobernabilidad del país, ahora sumido en una grave recesión económica, sino también para frenar el juicio político en el Congreso contra Rousseff, el mismo que podría obligar a entregar la banda presidencial antes de diciembre del 2018, fecha en la que termina su segundo mandato.

A la fecha, el proceso se encuentra congelado a la espera de que el Supremo Tribunal Federal defina la manera en la que se escogerán a los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que deberá emitir el dictamen, a favor o en contra, de la apertura del proceso.

En el caso de una decisión favorable, será sometido a la votación de la cámara baja que, de aprobarlo, pasaría la responsabilidad al Senado, que tiene 180 días para dar una resolución.

Al margen de ello, algunos analistas consideran que el nombramiento pone a Lula en la posición ideal para sustituir a Rousseff y presentarse como el candidato del PT en los próximos comicios presidenciales.

2. Las acusaciones contra Lula

El expresidente está acusado de beneficiarse de la corrupción imperante en la petrolera estatal Petrobras.  Es así que los investigadores informaron que entre la evidencia encontrada hay donaciones y pagos por conferencias de Lula por unos 8 millones de dólares. 

Según las autoridades, este dinero habría sido aportado por varias constructoras involucradas en el caso Petrobras al Instituto Lula y a una empresa de conferencias del exmandatario. 

Por otro lado, la Fiscalía de Sao Paulo pidió la semana pasada prisión preventiva para Lula por presuntos delitos de lavado de dinero en la modalidad de ocultación de patrimonio y falsedad documental.

En la denuncia, los fiscales acusan al expresidente y a su esposa, Marisa Leticia, de ser los dueños de un departamento triplex ubicado en una exclusiva zona costera de Guarujá, en Sao Paulo. 

Este inmueble habría sido reformado por la empresa constructora OAS, cuyo uno de sus antiguos ejecutivos fue sentenciado por el caso Petrobras. 

Frente a estas acusaciones, Lula alega que no es dueño del departamento y que solo visitó el inmueble una sola vez en compañía de su esposa para evaluar comprarlo. Dijo que finalmente desistieron de la adquisición y afirmó que los cargos tienen motivaciones políticas. 

3. ¿Ahora Lula tiene inmunidad?

El hecho de ser ministro le da a Lula el estatus de protección judicial del que gozan los altos mandos del gobierno y cientos de congresistas.  Esto significa que ahora sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal (TSF), la instancia judicial más alta del país. 

Sin embargo, esto no debería suponer ninguna diferencia, al menos en teoría, ya que Lula debería ser juzgado en el caso de que se encuentren indicios en su contra. 

A pesar de ello, muchos dudan de que este tribunal, con muchos miembros elegidos por Lula y Rousseff, muestre las mismas ganas de actuar en contra de los altos cargos del PT como las del juez federal Sergio Moro. 

Moro, quien lidera actualmente la investigación del caso Petrobras, ya no podrá indagar sobre los posibles vínculos de Lula con esta trama ilegal, ya que el caso pasaría al TSF.

4. ¿Se trata de un intento por obstaculizar el cumplimiento de la justicia?

Según el diario Folha de Sao Paulo, el expresidente en un principio habría declinado de la posibilidad de asumir un ministerio o la jefatura del gabinete, puesto que no quería que la protección que le brindaría el nombramiento fuera interpretada como una admisión de culpabilidad. 

Sin embargo, según Pedro Serrano, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad PUC-SP, Lula ahora podría enfrentar una situación más grave que la anterior:

"Judicialmente es peor para él porque después de la decisión del Tribunal Supremo Federal, no podría apelar su sentencia ya que la decisión de esta corte es definitiva".

(Con información de la BBC Mundo)

(Foto de cabecera: EFE)