Aunque Sérgio Moro era un juez mediáticamente poco conocido en Brasil hasta hace unas semanas, hoy se ha convertido en una figura muy popular por uno de los casos más sonados del año: la implicación del expresidente Lula da Silva en el escándalo de Petrobras.   

Y es que Moro es quien tiene a cargo la investigación de sobornos en la petrolera estatal Petrobras y del subsecuente arresto de varios políticos y ejecutivos importantes de grandes firmas constructoras brasileñas, un hecho que ha causado la conmoción de la ciudadanía brasileña y del mundo.

Aunque el caso aún está en investigación, muchos especialistas anticipan que puede puede marcar un hito en los delitos de cuello blanco de Brasil y dificultarle aún más el segundo mandato de la actual presidenta Dilma Rousseff.

Quienes conocen de cerca a Sérgio Moro saben que es un hombre discreto que le gusta ir en bicicleta a trabajar. Sin embargo, a pesar de esta sencillez, no puede evitar que su nombre esté todos los días en los medios de comunicación y ser visto como un ejemplo ante los activistas anticorrupción.

En ese sentido, el economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas, Gil Castello Branco, quien conoció a Moro un tiempo atrás en un evento de Transparencia Internacional, dijo:

"Está conduciendo (el caso) de una forma perfecta. Tal vez en Brasil sea uno de los jueces más preparados para situaciones de este tipo".

Pero al margen de estos positivos comentarios, hay otros que lo ven con mayor reticencia y hasta sugieren que sus acciones podrían ponerlo al margen de la ley.

El perfil de Moro

Casado con Rosangela Wolff de Quadros Moro, quien también es su asesora juríca, y padre de dos hijos, nació en 1972 en Maringá, una ciudad el estado sureño de Paraná. Sus padres son Odete Starke, una profesora de lengua portuguesa, y Dalton Áureo Moro, un fallecido profesor universitario de geografía.

Estudió Derecho en la Universidad regional de Maringá y más tarde cursó un programa para la instrucción de abogados en la Harvard Law School. Asimismo participó en el 'Programa para Visitantes Internacionales' organizado en el 2007 por el Departamento de Estado estadounidense, el mismo que se especializa en la prevención y el combate al lavado de dinero. Además, también se instruyó en el análisis de crímenes financieros y en los delitos llevados a cabo por grupos criminales organizados.

A la fecha es profesor y doctor en Derecho del Estado por la Universidad Federal de Paraná, y maestro adjunto de Derecho Procesal Penal en dicha Universidad. 

Es asesor de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño y magistrado titular de la 13° Corte Penal Federal de Curitiba.

Ha escrito varios libros y artículos académicos, todos ellos sobre legalidad, entre los que se ubican títulos como 'Crimen de Lavado de Dinero' y 'Desarrollo y Aplicación Judicial de las Normas Constitucionales'.

Cabe indicar que Moro marcó un hito en lo que respecta al lavado de dinero ya que planteó que este crimen es autónomo. Es decir, que no se necesita demostrar la actividad ilícita previa que generó el dinero, sino que es suficiente contar con indicios sobre su existencia para condenar a una persona por lavado y activos, siempre y cuando no haya duda sobre su inocencia.

Fue considerado una de las 100 personas más influyentes de Brasil en el 2014 por la revista Época y recibió la medalla del Mérito Legislativo en el 2015 por recomendación del líder del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de Diputados.

Antes de asumir la causa de Lava Jato, Moro fue colaborador de la jueza Rosa Weber, actual magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF), quien en el 2005 demostró que varios parlamentarios habían recibido sobornos periódicos por apoyar iniciativas legislativas del gobierno de Lula da Silva.

Y poco antes estuvo a cargo del caso del mexicano Lucio Rueda Bustos, a quien sentenció por lavar dinero venido del narcotráfico en Brasil. Solo por este proceso subastó varios inmuebles y autos de lujo de Rueda valorizados en 6 millones de dólares, una cifra sin antecedentes en el país latinoamericano.

Lava Jato

Cuando Moro comenzó a indagar a Alberto Youssef, un cambista que figuraba entre sus acusados, por un caso de delitos financieros, descubrió accidentalmente un vínculo entre él y Paulo Roberto Costa, el exdirector de Petrobras.

Fue así como inició el operativo policial 'Lava Jato' (lavacoches), llamado de esta manera porque se lanzó en marzo en una estación de gasolina donde envíaban dinero al exterior ilegalmente.

A la fecha, tanto Youssef como Costa son los principales delatores en el escándalo de Petrobras, después de acordar con la justicia contar todo lo que sabían para recibir penas menores.

Sus acusaciones señalan que varias empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener grandes contratos con Petrobras. Además también indica que este dinero ilícito financió al Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos importantes.

Uno de los casos más sonados es el de Eduardo Cunha (PT), presidente de la Cámara de Diputados, quien fue acusado por un delator de haber recibido cinco millones de dólares en sobornos.

Es así que para muchos funcionarios de Brasil este ha sido el mayor escándalo de corrupción de la historia del país, un caso que envuelve valores equivalentes a unos 4.000 millones de dólares.

Sin embargo pese a la magnitud del hecho, Moro sostiene que este esquema de fraude de licitaciones y sobornos puede ir mucho más allá de Petrobras, puesto que las investigaciones señalan que Youssef tenía una planilla con 750 obras públicas en Brasil y en la región.

Las maniobras de Moro

Basado en la información proporcionada por la Policía Federal y los fiscales, Moro ha seguido el rastro del dinero evitando ir detrás de los políticos, hasta ahora.

¿Su motivo? pues si las autoridades fueran procesadas, el caso pasaría al STF, una instancia a la que le compete juzgar a los políticos.

Es así que Moro procura que cuando se llegue a este punto los crímenes estén tan bien configurados que las oportunidades de escapar de los políticos sean mucho menores.

Por ello se ha enfocado en obtener testimonios de delatores como Youssef, Costa y otros exejecutivos que aceptaron brindar su colaboración a la justicia y devolver decenas de millones invertidos en sobornos.

Asimismo, mantiene en prisión preventiva a altos ejecutivos de las constructoras OAS y Camargo Correa, dos de las más importantes empresas privadas del país.

Cabe indicar que al momento Moro es el candidato predilecto (con 17% de intención de voto) para ocupar el puesto vacante en el STF, puesto que es el abanderado de la lucha anticorrupción al margen de la implicación de los partidos.

Estado Policíaco y otras críticas

Los abogados defensores se han quejado de la forma de actuar de Moro, argumentando que intenta sacar confesiones para que los investigados puedan evitar ir a prisión., una figura que se denomina 'delación premiada'.

En ese sentido, el jurista y exjuez brasileño, Luiz Flávio Gomes, sostuvo que Moro corre el riesgo de adoptar medidas 'en conflicto con el Estado de Derecho', deteniendo a indagados sin que sean un peligro para la sociedad:

"Tiene coraje y es trabajador. Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco".

Advirtió que de darse este caso, el proceso podría ser anulado más adelante por errores que la policía o él mismo cometió.

Un caso que atañe a esta situación fue uno que implicaba directamente a la presidenta Rousseff.

En junio del 2015, la mandataria cuestionó la rebaja de penas a cambio de confesiones, comparando la medida con la denominada 'Conspiración de Minas Gerais' del siglo XVIII, una campaña secreta contra el poder colonial portugués que fue traída abajo por un informante.

En ese momento Moro la enfrentó y dijo:

"La reducción de pena a cambio de confesiones es una traición, pero es una traición entre los delincuentes. Aquí nadie está traicionando la Conspiración de Minas Gerais"

En ese mismo sentido, quizá uno de los puntos de más popularidad de Moro se dio cuando dictó la orden de 'conducción coercitiva' por la que la policía trasladó al expresidente Lula a una comisaría para prestar sus declaraciones por ocultación de patrimonio vinculado a Petrobras.

Pero esta medida no solo le causó notoriedad, sino también problemas por haber perjudicado a uno de los hombres más poderosos del país. Es así que el sindicato de abogados brasileño lo criticó por supuesto abuso de poder. Dicen que Moro intimidó al abogado de Lula, Roberto Teixeira, y anunciaron que lo denunciarían ante el Consejo Nacional de Justicia:

"El juez Moro tiene que dar explicaciones sobre como está procediendo".

Por su parte, el ministro Marco Aurelio Mello, del STF, lamentó los ''excesos' de Moro y recordó que 'la peor dictadura es la dictadura del Poder Judicial'.

Sin embargo, la Asociación de Magistrados hizo caso omiso a esta recomendación y respaldó la decisión juez:

"La magistratura brasileña reafirma su confianza en las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial y no será omisa cuando haya maniobras contra jueces que combaten la corrupción. La Asociación de Magistrados considera inadmisible que el Sindicato de Abogados impulse un proceso disciplinario contra el juez Sergio Moro en el Consejo Nacional de Justicia".

Otra de las críticas que recibió el magistrado apuntaba a que la investigación que viene llevando a cabo ha perjudicado enormemente la economía brasileña a tal punto de afectar a su principal empresa. En ese sentido, Moro defendió:

"El policía que descubre un crimen no tiene la culpa del cadáver. Si los agentes económicos no tienen confianza de que pueden competir en igualdad de condiciones por las licitaciones públicas, si hay una zona gris de sobornos, el funcionamiento del mercado se ve afectado".

Y finalmente pero no menos importante, las sospechas que pesan sobre su esposa y familia.

Muchos que no están de acuerdo con la manera de proceder de Moro han hecho énfasis en esta ofensiva política y mediática en contra de Rousseff y su correspondiente Partido de los Trabajadores. Es así que sacan a relucir a Rosángela Wolff, la esposa del juez, quien también es asesora de Flavio Arns, el vicegobernador del estado de Paraná y dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el principal partido de oposición del país.

Además también trabaja para que bufete de abogados que ofrece servicios a varias empresas del sector petróleo, entre ellas la multinacional Shell, una compañía que está interesada en cambiar el régimen de exploración presal, el mismo que recuperó fuerza después del debilitamiento de Petrobras por el trabajo de la operación Lava Jato. 

Ahora queda esperar que el juez levante el secreto fiscal de su esposa para que las sospechas que pesan sobre ella, tales como las cantidades que percibía y el tiempo de las mismas por los servicios prestados al PSDB, sean de dominio público. 

Algunos también esperan conocer si habrían pagos a fin de recompensar el rendimiento de Moro en la operación Lava Jato o remuneraciones pagadas por una filial de Shell, ya sea acorde con lo que se paga en el mercado, o un monto mucho mayor, lo que significaría dopaje financiero. 

Y, al parecer las adhesiones políticas y sugerentes inclinaciones al PSDB no paran en la familia de Moro pues su hermano, César, no esconde su afiliación a ese partido y el padrino de uno de sus hijos, el Procurador de Curitiba, Deltan Dallagnol, desestimó un reciente habeas corpus presentado por Odebrecht.

(Con información de la BBC Mundo, laley.pe, ansalatina.com, infobae.com, elobservador.com.uy, mdzol.com y pontoecontraponto.com.br)

(Foto de cabecera: wp.com)