Pese a que han pasado más de dos décadas desde la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, y del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse, sus familias aún no encuentran justicia, gracias a que los acusados de estos crímenes, con la complicidad de la justicia, vienen dilatando estos juicios.

En efecto, la Sala Penal Nacional ha dispuesto que ambos casos queden al voto para el mes de marzo, debido a que la semana que viene comienzan las vacaciones judiciales.

En el juicio por el asesinato de Huilca, acaecido el 18 de diciembre de 1992 por integrantes del Grupo Colina, la Fiscalía sustentó su pedido para procesar a los acusados por autoría mediata del crimen, entre los que figuran Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori; el jefe del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe; y el general Juan Rivero Lazo, entre otros.

Asimismo, los abogados de los militares han solicitado que el expediente sea devuelto a la Fiscalía, y que esta sustente nuevamente su acusación.

CASTILLO PÁEZ

En cuanto al proceso por la desaparición forzada de Castillo Páez, la defensa del coronel en retiro Juan Carlos Mejía León, uno de los cuatro policías condenados por este hecho, argumentó su solicitud de recusación contra dos jueces de la misma sala.

Dicha recusación fue presentada por escrito el pasado 19 de enero, sin que la parte agraviada haya tenido conocimiento del tema. Ante este pedido, la audiencia por este caso fue suspendida.

La desaparición de Castillo Páez, estudiante de Sociología de la Universidad Católica, tuvo lugar el 21 de octubre de 1990, cuando realizaba una investigación de campo en Villa El Salvador. Efectivos de la Policía Nacional estaban a cargo de un operativo antisubversivo, y detuvieron al estudiante, cuyo paradero se desconoce hasta hoy.

Los cuatro policías que fueron hallados responsables recibieron condenas de entre 15 y 16 años de prisión, pero paulatinamente han quedado bajo libertad condicional (siendo el último Mejía León), pese a que no han revelado el paradero del cuerpo de Castillo Páez y que este caso es considerado un crimen de lesa humanidad, por lo que no deberían recibir tal beneficio.

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