Un crimen sin culpables. Esta es la situación de Parccocucho, un caso de grave violación a los derechos humanos, cuya reciente sentencia absuelve a los militares acusados de asesinar a Fortunata García Gamboa y de la desaparición forzada de Aquilino Bautista Quicaño, pobladores de la comunidad de Vilcashuamán, Ayacucho.
Según el Ministerio Público, el 4 de febrero de 1984, miembros de la Base Militar de Vilcashuamán ingresaron a la vivienda de Fortunata García (quien aquel entonces tenía 80 años) y la desnudaron, torturaron, violaron sexualmente con una vara caliente y quemaron viva. Sus restos fueron trasladados a orillas del Río Pampas, donde su cuerpo fue dinamitado.
Además, el 22 de julio del mismo año, efectivos de la Base Militar de Sachabamba intervinieron un camión en la ruta hacia Huamanga, detuvieron a Aquilino Bautista (de 14 años) y lo trasladaron al Colegio Agropecuario Ricardo Bautista Rivero, para nunca más volver a aparecer.
La Fiscalía acusó a los militares Román Fernández y Espejo López de ser los autores mediatos por homicidio calificado y desaparición forzada, y solicitó que se les imponga 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 80 mil soles.
Sin embargo, este martes 19 de enero, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional leyó la sentencia de este caso con la que absolvieron a los militares acusados. El fallo ratifica que el asesinato y la desaparición forzada ocurrieron tal como lo denunció el Ministerio Público y que fueron agentes del Estado los que ejecutaron estos crímenes. Por ello, ha ordenado a la Fiscalía encontrar a los verdaderos culpables.
Para el abogado Hernán Barrenechea, de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), a cargo de la defensa de las víctimas, la sentencia de este caso es "contradictoria". Explica que cuando los jueces confirman que los crímenes sí fueron ejecutados por miembros del Ejército Peruano, lo sustentan porque se trataban de “prácticas sistemáticas” durante el conflicto armado interno. Sin embargo, los jueces determinaron que nunca hubo una orden desde la base militar para cometer dichos crímenes.
Barrenechea advierte que si para responsabilizar a malos militares se van a tener que presentar las órdenes explícitas en juicio, “va a ser inviable” condenar a autores mediatos. Ante esta sentencia, la Comisedh interpondrá un recurso de nulidad.
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