Tras la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, la fiscalía mexicana anunció este sábado el inicio del proceso de extradición del capo a Estados Unidos, pero se trata de un camino que será largo y complicado.
De hecho, la defensa legal del narco más buscado del mundo anunció que volverá a sembrar de amparos el intrincado procedimiento que deben seguir las autoridades de México para entregar al capo a Washington, lo que hace difícil que la extradición se logre en el corto plazo.
La Procuraduría General de la República explicó en un comunicado que no existen impedimentos para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición emitidas en contra de El Chapo por EEUU tras su fuga el 11 de julio pasado del penal de máxima seguridad Altiplano -donde fue otra vez recluido- y tampoco "para el inicio del procedimiento de extradición".
La estrategia de El Chapo
El Chapo y su equipo legal tienen experiencia en desplegar una estrategia para impedir la extradición del capo de Sinaloa. Ya lo hicieron cuando fue capturado por segunda ocasión, en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.
En enero de 2015, los abogados de Guzmán tramitaron dos amparos para frenar su envío a Estados Unidos, donde tiene expedientes abiertos en cortes de siete estados y ocho órdenes de detención vigentes desde 1995.
Gracias a esta ofensiva jurídica, que le hizo ganar tiempo, El Chapo pudo escapar de la cárcel por un túnel, el 11 de julio de 2015. Ya fugado, en octubre del año pasado, un juez le otorgó una nueva suspensión provisional a la extradición que impedía a las autoridades moverlo a otro reclusorio.
Extradiciones inmediatas
Otro dato para tener en cuenta es que son pocos los narcos mexicanos puestos en manos de EEUU inmediatamente después de su detención. Uno de ellos fue Juan García Abrego, uno de los fundadores del cártel del Golfo. Cayó en 1996 y fue deportado rápido porque tenía la ciudadanía estadounidense. Ahora cumple una pena de once cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Francisco Javier Arellano Félix, del cártel de Tijuana, también fue entregado a las autoridades estadounidenses después de haber sido detenido en 2006 por agentes de la DEA.
El valor político de un caso judicial
Ricardo Sánchez Reyes Retana, un abogado que tiene experiencia en casos de delincuencia organizada, explicó a El País que “si el juez concluye que Guzmán es extraditable, no se le tiene que entregar a Estados Unidos inmediatamente”.
El valor político de un caso judicial es un factor que entra en juego en ese momento, anota Sánchez Reyes Retana. Y como lo han señalado ya diversos analistas, el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto no desea mostrar debilidad.
“Sería un error extraditarlo ahora. Mostraría que México es muy vulnerable, que no confiamos en nuestras instituciones y que la presión que ejerce Estados Unidos tiene efectos inmediatos”, dice consultado al respecto Eduardo Guerrero, un especialista en seguridad nacional que trabajó en las áreas de inteligencia en el Gobierno de Felipe Calderón.
Ambos expertos concuerdan que Guzmán Loera estará al menos seis meses en México antes de ser entregado a Estados Unidos. Además, El Chapo tiene información de la cártel de Sinaloa que debe ser conocida por agentes de seguridad en México, anotó Guerrero.
Incluso, la fuga de El Chapo, en julio de 2015, obligó a Peña Nieto a corregir su política de extradiciones. A su llegada a la presidencia, en 2012, bajó el ritmo de envíos de criminales a Estados Unidos que mantuvo su antecesor, Felipe Calderón.
Ahora la Fiscalía mexicana deberá proceder con mucha cautela el proceso en contra del capo, para no repetir errores de procedimiento que permitieron que otros delincuentes queden en libertad. Uno de los casos recientes es el de Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue liberado en dos ocasiones por imprecisiones del Ministerio Público.
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