Con el paso de los años, la situación de la minería ilegal en Madre de Dios se ha hecho más complicada. Han pasado diferentes gobiernos, tanto a nivel nacional como de la región, pero no se ha encontrado solución a este problema, que beneficia a unos pocos y mantiene a muchos jóvenes, especialmente menores de edad, en una situación de casi esclavitud.
Sobre el caso, el periodista y antropólogo Gabriel Arriarán ha escrito un informe, publicado hoy en el portal de investigación Convoca, en el que da cuenta que luego de una serie de decretos supremos del gobierno central, en el marco de su lucha contra la minería ilegal, la situación no se ha resuelto.
A partir de estos decretos, contra los que los dirigentes de las federaciones de mineros informales se han levantado, el pasado 23 de noviembre empezó una paralización indefinida liderada por estos, que tuvo en vilo no solo a Puerto Maldonado, sino a la gente que necesita trasladarse, ya sea ellos mismos o algún encargo, por la carretera Interoceánica.
Esta protesta se suspendió el pasado 3 de diciembre, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó una resolución ministerial que planteaba una mesa de diálogo entre las partes, la cual debe estar instalada la próxima semana.
Pese a esta especie de tregua, la tensión continúa. El informe de Arriarán nos da más luces del conflicto, que no solo abarca al gobierno y los mineros.
EL CONTEXTO
Al norte de la carretera Interoceánica está ubicada la zona conocida como "La Pampa", a la que acuden miles de jóvenes procedentes de Cusco y de Puno, muchos de ellos menores de edad, que buscan reunir dinero para pagar sus útiles escolares o enviar a sus parientes. Sin embargo, la mayoría no regresa a su lugar de origen.
Además, los jóvenes de Puerto Maldonado también acuden a trabajar a la zona, de manera temporal, en oficios relacionados a la minería, o en los bares que funcionan sin licencia cerca de la carretera. En La Pampa se producen delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores, y es escondite de delincuentes y asaltantes.
En efecto, según el Ministerio del Interior, durante el 2014 ocurrieron 214 desapariciones; y entre enero y agosto de ese mismo año hubo denuncias de otras 165 junto a cuatro por homicidio.
Arriarán recuerda que el último caso "lo sufrió el forestal Alfredo Vracko, a manos de unos sicarios presuntamente contratados por mineros ilegales que habían invadido su concesión forestal. Hasta la fecha el caso no ha sido resuelto."
Además, la nota indica que La Pampa "es también un enorme cementerio":
"Todos los delitos de sangre imaginables, en Madre de Dios, se concentran en este lugar: reyertas entre borrachos, cuchilladas, disparos, y asaltos con armas de fuego; además de los propios accidentes, en los que jóvenes trabajadores en la minería ilegal mueren aplastados por un derrumbe, o ahogados en un charco."
Esta situación de indefensión de quienes buscan ganarse el pan diario no parece importar a quienes se benefician con el "boom" de la minería ilegal. Tanto así, que el movimiento económico en la zona "es incalculable" de manera que el Estado no puede saber "la cantidad exacta de personas que trabajan allí".
Sin embargo, pese a la situación, la minería ilegal no se detiene:
"Mientras todas las demás actividades económicas adolecen la falta de combustible decretada por el racionamiento; la minería ilegal en La Pampa trabaja sin descanso gracias al flujo ininterrumpido de petróleo, facilitado por las coimas que pagan los mineros a la policía de carreteras, según testimonios de varios informantes y de conversaciones con pobladores: 50 soles por barril, un precio que ya parece fijado en el imaginario popular."
En cuanto a las normas, el informe indica que en su diseño participó "el ala ambientalista más dura del Ministerio del Ambiente" con el objetivo "de criminalizar a la minería y erradicarla (la ilegal y la informal, por igual), antes que lograr una formalización efectiva y un ordenamiento del sector."
A raíz de eso, la Alianza de Federaciones de Madre de Dios convocó al paro indefinido del 23 de noviembre, cuyo primer punto de reclamos "era el racionamiento del combustible". En vez de que los decretos ordenaran la casa, "terminó afectando a todas las demás actividades económicas de la región".
Así describe Arriarán el contexto de las movilizaciones:
Se trata de una movilización que ocurre en medio de serios cuestionamientos a la capacidad de gestión del Gobierno Regional de Madre de Dios, con Luis Otzuka como su presidente y Eduardo Salhuana como su gerente general, que no lograron ejecutar más del 50% de su presupuesto para este año.
Ante esta situación:
Otzuka y una delegación de alcaldes viajaron a Lima a entrevistarse con el primer ministro, Pedro Cateriano. Se logró aprobar la instalación de una Mesa de Diálogo para el Desarrollo de Madre de Dios y, más importante todavía, una mejora en las cuotas de combustible para la región.
Sin embargo, el paro no se levanto de inmediato, hasta que el 3 de diciembre "la Federación Nativa de Madre de Dios publicó el acta que suspendía el paro, con el voto en contra de la FEDEMIN -ahora al mando de Tomas Díaz."
Pese a este "gesto" de los mineros informales y de Otzuka, Arriarán advierte sobre ambos:
"Otzuka y la FEDEMIN nunca han deslindado claramente de La Pampa, y nunca comprendieron que Madre de Dios no vive solo de la minería; que él no es sólo el presidente del gobierno regional de los mineros de Madre de Dios, también lo es de agricultores, castañeros, empresarios del ecoturismo, extractores forestales, comunidades nativas y escolares que dejan de ir a clases cada vez que se programa una movilización como la de estos días."
Pese a que Otzuka y la federación se unieron en el paro, también tienen sus diferencias, según lo que indica el autor de esta nota de Convoca:
"Varios de mis informantes en esa zona no están en absoluto de acuerdo con el paro que lideró (Otzuka), ni con la posición de la FEDEMIN, que desde hace años los extorsiona con el pago de cupos y los obliga a financiar y a participar de este tipo de movilizaciones bajo amenazas que, de no hacerlo, desde el gobierno regional pueden programar sobre ellos una interdicción."
Como se puede apreciar, el enfrentamiento no es solo entre el gobierno central y los mineros, sino entre estos mismos, y con el gobierno regional; además de otros actores. Mientras tanto, la depredación de esta parte de la selva, las desapariciones y los abusos contra los derechos humanos continúan.
Foto de cabecera: Andina
Notas relacionadas en Lamula.pe:
Gobierno oficializa mesa de diálogo en Madre de Dios pero Cateriano no será parte de ella
Luis Otzuka saludó voluntad del Gobierno para solucionar paro indefinido en Madre de Dios
Se abre el diálogo entre Gobierno y Madre de Dios para solucionar paro indefinido
Paro en Madre de Dios: Invitan a Otsuka a reunión con el Ejecutivo
