Hasta que un día cayó. El expresidente de la FPF Manuel Burga, quien hasta hace no mucho se creía intocable y viajaba por el mundo al amparo de la FIFA mientras el fútbol peruano se hundía en la informalidad y la mediocridad, pasó su primera noche tras la rejas.
La Policía lo detuvo el viernes. Tenía una orden de captura internacional que solicitó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Burga, estaba listo para entregarse, ya se había bañado y cambiado para ir por su propia cuenta, pero se le malogró el auto y que por eso los agentes tuvieron que ir a buscarlo a su casa.
Sea como fuere, el jueves, cuando se confirmó que fue imputado por el mayor escándalo de corrupción en la historia de la FIFA, junto a otros 15 directivos y exdirigentes del fútbol latinoamericano, el extitular de la FPF dijo que no sabía de qué se le acusaba, pero que igual era inocente de todo.
Ahora seguro ya lo sabe. Tuvo toda la noche para leer el documento de 236 páginas suscrito por la Fiscalía General de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, no suele hacer acusaciones sin sustento. Según en los entendidos, si lo incluyó en la denuncia, es porque tiene pruebas e indicios sólidos.
¿Es viable su extradición?
Sí. Tras su detención con fines de extradición, la Fiscalía General de EEUU tiene hasta 60 días presentar para presentar el cuadernillo ante la Corte Suprema del Perú, con el objetivo de que Burga Seoane responda ante la justicia de ese país por los delitos que se le imputan.
Aunque la mayoría de ilícitos de los que se le acusa a Burga y al resto de los miembros de la FIFA fueron cometidos fuera de EEUU, todos tienen algún nivel de relación con Estados Unidos, que era el país donde operaba el núcleo de la red de corrupción del organismo y donde además estaban las cuentas donde recibían los pagos.
¿En qué consiste la acusación de EEUU?
El documento en mención señala que los 41 imputados en total -fueron 25 en la primera parte de la acusación y 16 , entre ellos Burga, en la segunda- se les sindica de “formar parte de una organización mafiosa, que involucra el fraude masivo, el soborno y el blanqueo de dinero”. Son 92 cargos en total los que se presentaron en un tribunal federal en Brooklyn.
¿La razón? Los sobornos y comisiones de intermediarios –empresas de marketing deportivo– por unos US$200 millones que recibieron de estas firmas a cambio de los derechos televisivos y de publicidad en torneos de fútbol, como la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana o la Copa de Oro de la Concacaf.
En el caso de Burga, los principales delitos que le imputa la justicia de EEUU son conspiración de crimen organizado; conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero en el caso Copa Libertadores.
La confesión sincera clave
Desde el 2000, T&T Sports Marketing Ltd. se hizo de los derechos exclusivos de transmisión de la Copa Libertadores, el torneo continental más importante de la región. Esta firma era una filial de Torneos y Competencias, el gigante de marketing deportivo argentino que manejaba Alejandro Burzaco, ahora colaborador de la justicia estadounidense.
En su confesión sincera, el empresario argentino implicó a Burga. Según su testimonio, desde el 2009, el “Grupo de los Seis” -bloque de las naciones con menor peso en la Conmebol, entre las cuales está Perú- reclamaron que los sobornos por la Copa Libertadores se repartiera entre ellos también.
Burzaco señala que él comenzó a pagar sobornos de un “monto anual de seis cifras” a cada uno de los miembros del “Grupo de los Seis”. Burga era entonces titular de la FPF, cargo que ocupó entre el 2002 y el 2014.
El periodista Juan Carlos Ortecho, quien leyó y desmenuzó el documento fiscal estadounidense en Utero.pe, hace una precisión al respecto:
"No se precisa la manera en que Manuel Burga habría recibido este supuesto soborno, pero por su intervención en este negociado de derechos de transmisión, y el haber recibido dinero a cambio, la fiscalía estadounidense lo acusa formalmente de fraude electrónico y lavado de dinero".
Otro elemento en contra de Burga, explica Ortecho, es que la fiscalía de EEUU señala que el 25 de Mayo del 2013, en Londres, se firmó el contrato por los derechos de la Copa América Centenario, una edición extraordinaria del torneo continental a realizarse en Estados Unidos en el 2016, entre DATISA y Conmebol. El extitular de la FPF está entre los firmantes.
DATISA es una nueva empresa que habían acordado constituir los ahora procesados Alejandro Burzaco, Mariano y Hugo Jinkis y Joseph Hawill.
En este punto, Ortecho agrega:
"Luego se documentan transferencias bancarias entre los empresarios participantes del contrato (no los dirigentes) desde cuentas en Miami a otras en Zúrich por un total de US$13.333.333. Dice la fiscalía (de EEUU) que estas transacciones constituían pagos compensatorios entre los empresarios y por su participación en el contrato suscrito con ellos, Manuel Burga Seoane".
¿Por qué serán juzgados bajo la ley RICO en EEUU?
Tanto Burga como el resto de imputados hasta el momento, fueron acusados de "conspiración de crimen organizado". Desde la década del 70, luego de su implementación, EEUU procesa y persigue el crimen organizado bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), que se aplica a cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos.
La Ley RICO está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal.
Es la ley más severa que existe en EEUU. Incluye 29 delitos federales y ocho estatales, entre los que están los cargos imputados a los directivos de la FIFA.
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