El pasado martes 27 de octubre, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de la sociedad Plural TV S.A.C., propietaria de América Televisión y Canal N, para tratar el tema de la conversión de sociedad anónima cerrada a sociedad anónima abierta. El Grupo El Comercio (GEC) votó en contra y, ante ello, el diario La República publicó una nota señalando que este grupo frenó el derecho de los accionistas del Grupo La República (GLR) a ingresar a la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Plural TV es una empresa constituida en el 2003, de la cual el GEC tiene el 70% de las acciones mientras que el GLR el 30% restante.
"Esta nueva manifestación de dominio se da en el marco de la denuncia interpuesta por ocho periodistas que consideran que el Grupo El Comercio ha incurrido en "concentración de medios" al comprar Epensa", señaló La República en referencia a la denuncia presenta ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El GLR sostiene que el cambio societario es necesario, ya que Plural TV se constituyó como S.A.C "en un momento en el que el total de sus acreencias (US$ 130 millones aproximadamente) superaba largamente su facturación anual (alrededor de US$ 20 millones)".
"Sin embargo, el contexto actual es totalmente diferente, entre otras cosas por la eficaz gestión de la administración liderada por su Gerente General Erick Jurgensen, que ha permitido que la televisora salga de su situación de insolvencia y se posicione como líder en el país", afirma La República.
Ante estas acusaciones, El Comercio publicó hoy un comunicado en el que dice no haber respondido antes al GLR sobre el tema de la concentración de medios y que si lo hizo solo fue cuando cuando se presentaron supuestas amenazas a la libertad de prensa.
"No podemos permitir, sin embargo, que nuestro silencio resulte cómplice de este sostenido intento de un grupo económico por disfrazar de lucha democrática y constitucional lo que no son más que sus esfuerzos por imponer, con cualquier método y a cualquier costa, sus propios intereses de negocio. Tampoco queremos que, aunque sea sólo a fuerza de repetirlos y ante nuestro silencio, los argumentos de la mencionada campaña logren confundir a sectores de la opinión pública acerca de lo que de verdad se está jugando en ella y sobre nuestro buen nombre", afirma el GEC.
Sobre lo sucedido con Plural TV, El Comercio señala que es un absurdo relacionar su negativa a cambiar los términos de la sociedad con la concentración de medios es un absurdo:
"Insinuar que la negativa del GEC a obedecer al GLR en su deseo de cambiar los términos en que los dos grupos se asociaron en Plural TV es una expresión de la supuesta “concentración de medios” es un absurdo. Si el GEC puede no aceptar cambiar la forma societaria de Plural TV en la manera en que el GLR lo quiere no es porque posea una “concentración de medios”, sino porque el estatuto con el que ambas partes acordaron libremente regir su sociedad le da ese derecho. El GEC no está cometiendo abuso alguno; sólo está ejerciendo un derecho. Un derecho, por cierto, que el GLR también tiene (el estatuto exige el consentimiento de los dos socios para cambiar la forma societaria) y con el que ha convivido pacíficamente durante más de 12 años, hasta que ha decido que su ejercicio por parte del GEC no conviene a sus intereses".
Además, El Comercio acusa de 'prepotente' el intento del GLR de cambiar los términos societarios de Plural TV:
"(...) la denuncia que ha hecho el GLR no es la acusación de un accionista minoritario víctima del abuso de un accionista mayoritario; es más bien, el intento prepotente del primero de imponer sus intereses y de violar un sistema de reglas que libremente acordó cumplir".
El GEC señala también que la 'concentración de medios es un invento':
"Hablamos de una “invención” porque no cabe hablar de “concentración de medios” ahí donde las personas son libres de decidir qué quieren leer cada día y donde hay un mercado abierto al que en cualquier momento puede ingresar un nuevo competidor (como de hecho ha sucedido varias veces en los últimos años en el mercado de la prensa escrita en el Perú). Menos aún, desde que existe internet, que hace materialmente imposible que alguien pueda tener un control sobre la información y las opiniones que se ponen a disposición del público. En un mercado así, sólo se puede hablar, en todo caso, de “concentración” de lectores".
"Los lectores escogen consumir o dejar de consumir tal o cual medio libremente. Luego, no se puede limitar las cantidades en que los lectores deciden leer un medio o grupo de medios sin atentar, al mismo tiempo, contra la libertad de aquellos. Quienes dicen combatir la “concentración de medios” pretenden en realidad combatir la libertad de elegir de los lectores. Combaten la concentración de lectores", agrega El Comercio.
El GEC culmina su comunicado acusando a La República de promover la intervención estatal en medios y usar "el fantoche" de una amenaza antidemocrática con la denunciada concentración de medios solo por sus intereses comerciales:
"Que un competidor descontento con el porcentaje de lectores que sus productos logran atraer cree el fantoche de una amenaza antidemocrática para buscar algún tipo de intervención estatal que limite a su competencia, y para usarlo a discreción como instrumento de presión a fin de avanzar sus intereses comerciales, es un acto inescrupuloso en cualquier contexto. Pero lo es de forma agravada, por todo lo que pone en juego, en el contexto de un país que aún no se distingue por la solidez de sus instituciones, en el que todavía está fresco el recuerdo de una prensa intervenida y en el que abundan los políticos y funcionarios ávidos de limitar mediante norma lo que sólo debería de corresponder elegir a los lectores con su voto diario".
En setiembre pasado, el director del diario La República, Gustavo Mohme Seminario; el director de la revista Caretas, Marco Zileri; y los periodistas Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Luz Helguero Seminario, Miroslav Lauer Holoubek, y Fernando Valencia Osorio presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado peruano responda ante la denuncia hecha en noviembre del 2013 por la supuesta concentración de medios de prensa escrita en el Perú. Ahí comenzaron y se agravaron las diferencias entre el GLR y GEC.
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