Brasil despertó este martes esperando algún desenlace, para bien o para mal, sobre el futuro de la presidenta Dilma Rousseff, pero la agonía de su crisis política se prolongó.
El líder de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, debía aceptar o rechazar la apertura de un proceso de destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) por supuestas irregularidades en sus cuentas de Gobierno de 2014.
Sin embargo, la trama se complicó más, porque el Tribunal Supremo frenó la maniobra conjunta que Cunha había elaborado junto a diputados de la oposición para sacar adelante el proceso de impeachment.
La estrategia consistía en que Cunha rechazaría la solicitud, los opositores apelarían y, así, esta pasaría automáticamente a la votación. Esta vía necesita solo de una mayoría simple (257 de los 513 diputados) para ser aprobada, un número realista, dado el aislamiento político de Rousseff.
Pero el máximo tribunal brasileño le paró las intenciones de Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), quien ahora tendrá que decidir si acepta o archiva el proceso de impeachment sin dejar la decisión final en manos de los parlamentarios.
¿A qué juega el PMDB?
El PMDB es un partido de ideología variable y alianzas cambiantes. Ahora, formalmente, es aliado del Gobierno, pero el presidente de la Cámara libra desde hace semanas una guerra contra Rousseff. El resultado fue que tuvo que reformar este mes su gabinete para dar espacio a sus nombres.
La mandataria les cedió siete ministerios, uno más de los que tenían, incluido el emblemático Ministerio de Sanidad, mientras recortaba el número total de carteras (de 39 a 31) en nombre de la austeridad.
La decisión del Tribunal Supremo sobre las cuentas gubernamentales, que aún debe ser votada por los miembros del Tribunal, le da un respiro a Dilma Rousseff, cuyo gobierno está acorralado por la crisis económica -Standard and Poor´s rebajó en septiembre la nota de crédito de Brasil al nivel de bono basura-, el escándalo de corrupción de Petrobras y los índices de popularidad de la presidenta son históricamente bajos tras menos de un año de mandato.
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