El Tribunal Superior Electoral de Brasil tomó la decisión de reabrir el proceso de investigación por unas supuestas irregularidades en la campaña electoral de la ahora presidenta, Dilma Rousseff.
Y es que la demanda para reaperturar el caso fue interpuesta por el Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), un movimiento político opositor que busca la nulidad del mandato de la presidenta y de Michel Temer, su vicepresidente. Y esta no es la primera acusación, pues el PSDB ya había presentado otras cuatro pidiendo la misma acción.
Y a pesar de la decisión aprobada por cinco votos a favor y dos en contra, los magistrados solo evaluaron si era viable continuar con el proceso, dejando de lado el hecho de si hubo irregularidades o no.
Es así que después de estudiar los argumentos de las acusaciones y la defensa de la presidenta, el caso será juzgado por el plenario de la corte.
Los antecedentes
En febrero de este año la magistrada María Thereza de Assis Moura archivó el proceso argumentando que no habían pruebas suficientes para continuar con la acción puesto que las que se presentaron eran 'frágiles'. Sin embargo el TSE debatió nuevamente la reapertura por la acción del partido opositor de Aécio Neves.
Su grupo político dijo que existen evidencias de irregularidades en la campaña de Rousseff por la donación de recursos de las constructoras vinculadas al escándalo de la petrolera estatal Petrobras.
Es así que los delitos que se le imputan son manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda.
Al respecto, el Partido de los Trabajadores, grupo liderado por Rousseff, dijo que las donaciones fueron legales y que estuvieron debidamente registradas ante la justicia electoral. Asimismo dijo que las cuentas de la polémica campaña estuvieron aprobadas en diciembre por la misma corte.
Asimismo el Tribunal Superior dijo que esta es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación contra un presidente en funciones, una acción que podría concluir en la anulación del mandato de Rousseff y unas nuevas elecciones.
Otros asuntos pendientes
Además del mencionado proceso, la presidenta brasileña tendrá que pasar por la aprobación de la contabilidad de la gestión 2014 para determinar su hubo un 'maquillaje fiscal' en el informe.
Y es que la mandataria fue cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, algo que está prohibido por la ley.
Es así que si se comprueba una reprobación de las cuentas, el Congreso tendrá que determinar si se abre un nuevo juicio político para destituir a Rousseff.
Los intentos de Rousseff
Abrumada por la recesión económica, un Congreso dividido y un pobre apoyo popular de solo el 10%, la presidenta lucha por restituir la gobernabilidad y conseguir la aprobación de un paquete de ajuste fiscal que le posibilite reordenar las cuentas públicas.
Con ese objetivo, comenzó esta semana una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base congresal.
(Foto de cabecera: Reuters)
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