El panorama político y judicial para la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff se empaña cada día más.

Y es que después de que ayer un Tribunal Superior Electoral del Brasil tomara la decisión de reabrir su proceso de investigación por unas supuestas irregularidades en la campaña electoral que la vinculaba con el escándalo de Petrobras, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha aprobado recomendar al Congreso que rechace las cuentas del año pasado que presentó su administración.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se da esta situación en Brasil. La primera fue en 1937 durante el Gobierno de Getulio Vargas, sin embargo el Congreso no siguió las recomendaciones del TCU, por considerar que no habían pruebas suficientes.

Y 78 años después, el tribunal concluyó que Rousseff cometió una falta grave de mala praxis administrativa en el desempeño de su cargo. 

Es así que la investigación señala que el gobierno 'maquilló' las cifras fiscales y manipuló las partidas presupuestarias federales para esconder la realidad económica del país en el año 2014. 

De esta manera, por primera vez en la historia del país latinoamericano, hay una base legal para que el Congreso pueda iniciar un juicio político contra el presidente, hecho que podría llevar a sus destitución.

Las irregularidades

Los principales hechos 'anormales' son la apertura de créditos sin la autorización del Congreso, la omisión de deudas ya contraídas en la contabilidad y unas maniobras para el cálculo del déficit.

Estos 'pedaleos fiscales' se basaron en el retraso del pago a los bancos públicos de fondos destinados a programas sociales gubernamentales, acción que le permitió al Ejecutivo reducir unos 1.600 euros el déficit fiscal.

Es así que los bancos tuvieron que asumir estos gastos antes que el Gobierno pudiera pagarlos, constituyendo una concesión de 'créditos ocultos', práctica prohibida por ley. 

(Foto de cabecera: latinoamericalibre.org)