Atado de manos. Así se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP (SBS) a siete meses de las próximas elecciones generales. El jefe de esta dependencia, Sergio Espinosa, señaló que no cuenta con las herramientas legales necesarias para fiscalizar a las personas que realizan aportes financieros a los partidos políticos.
Lo más preocupante es que el funcionario solicitó al Congreso de la República -a través de un proyecto de ley- que se le otorgue a la UIF facultades especiales para acceder directamente al secreto bancario y financiero de cualquier ciudadano o entidad jurídica (que entregan dinero para financiar campañas electorales) en casos de sospechas de lavado de activos u otros delitos graves. No obstante, hasta el momento, la Comisión de Constitución no se ha pronunciado.
"Nos queda claro que en la de ley de financiamiento de partidos hay algunos controles, pero al final nadie sabe quién financia las campañas", señaló en una conferencia de prensa.
En esa línea explicó que si en los próximos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE) les solicitan revisar si los aportantes tienen cuentas bancarias que justifiquen sus ingresos y donaciones, la UIF no podría cumplir con este pedido, salvo que cuenten con la autorización de un fiscal, juez, o una comisión de facultades especiales del Congreso.
En otro momento de su presentación, reveló que -en el marco de las facultades especiales en materia de seguridad ciudadana dadas al Ejecutivo- se solicitó al Gobierno otorgarle, a la UIF, la facultad de levantar el secreto bancario. No obstante, el Ejecutivo, al igual que el Legislativo, no atendió la solicitud.
Lametablemente, lo dicho por Espinosa no llama la atención. Si bien el Parlamento ha aprobado algunas modificaciones a la Ley de Partidos Políticos -como la prohibición de entregar regalos o dádivas a las personas a cambio de su voto o la cancelación de la inscripción electoral a las organizaciones políticas que no participen en dos procesos electorales seguidos- los temas medulares, en cambio, como la fiscalización de los aportes privados o la eliminación del voto preferencial han sido pospuestos varias veces por el desinterés de los parlamentarios.
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