El conflicto social por el proyecto Las Bambas, en Apurímac, ya cobró cuatro vidas y decenas de heridos, tras dos días de violencia en el marco de un paro provincial que se inició el viernes último contra el emprendimiento cuprífero. Ahora, hay una tregua de 48 horas, pero los riesgos de un nuevo estallido social están latentes.
El epicentro de los enfrentamientos entre policías y manifestantes es el distrito Challhuahuacho, en pleno corazón del proyecto minero más importante de la historia reciente del Perú.
El Gobierno nacional, como es usual, reacciona cuando el problema ya estalló, mientras que el Frente de Defensa de Cotabambas ya envió una carta al Ejecutivo y a MMG, empresa a cargo del proyecto, para dialogar, pero piden que se levante el estado de emergencia, que se libere a los detenidos en las protestas y que se anule el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado.
Pero, ¿cuáles fueron los circunstancias que provocaron esta situación? ¿Qué errores se dieron para ello? Identificarlos puede ser un ejercicio saludable para que no se vuelvan a cometer, aunque, como se ha visto antes, más de una vez nos hemos tropezado con la misma piedra.
1. Falsas expectativas
Uno de los errores comunes está en la relación entre expectativas y realidad. De hecho, en el Perú las inversiones en las regiones mineras no siempre han mejorado la calidad de vida de la población.
En el caso de Las Bambas, la etapa de construcción de la mina, que es el momento en que se demanda mayor cantidad de mano de obra, ya acabó. Ahora se está en una etapa de sinceramiento: si antes se necesitaron 10 mil puestos de trabajo, ahora se requerirán solo 2.000, y la mayor parte de esta mano de obra deberá ser calificada.
Por ello, José de Echave, exviceministro del Ambiente y subdirector de la ONG Cooperacción, que ha acompañado el proyecto desde sus inicios, el reto está en cómo generar desarrollo con la inversión que existe en adelante.
El proyecto Las Bambas está ubicado en Challhuahuacho, sobre los 3.698 metros sobre el nivel del mar, en Apurímac, que es en una de las regiones con los indicadores de pobreza más altos del Perú.
Y si bien la demanda de empleo por la construcción de la mina dinamizó la economía local en los últimos años, los índices de desarrollo de la región revelan que no fue suficiente: la mitad de la población no puede cubrir sus bienes y servicios esenciales, la tasa de analfabetismo alcanza al 24%, el 40% de los niños menores de 5 años tiene anemia y la desnutrición crónica afecta al 27%, según datos oficiales.
2. Impacto ambiental
Otro error fue subestimar la desconfianza de los pobladores que viven en las zonas de influencia de un proyecto minero. En Challhuahuacho, tiene que ver con la construcción de una planta procesadora de minerales y el temor al impacto que traerá el incremento del tráfico de camiones que llevarán el mineral desde Apurímac hacia el puerto de Matarani, en la costa.
De hecho, Las Bambas es un proyecto colosal. Basta mirar estos datos para darse cuenta de la magnitud del emprendimiento: para la construcción de la mina todo un pueblo de 450 familias (Fuerabamba) fue reubicado; se trata de una concesión de 35.000 hectáreas; el Ministerio de Energía y Minas dice que este proyecto duplicará la producción nacional de cobre; su ejecución supone una inversión de US$5.800 millones; se consumirán 800 litros de agua por segundo del río Challhuahuacho.
En abril del 2014 un consorcio formado por MMG Ltd., filial de China Minmetals Corp., Guoxin Investment Corp. International y la firma de inversiones Citic, compró Las Bambas a la suiza Glencore-Xstrata por US$7 mil millones. Fue una de las transacciones más grandes de la historia del Perú.
3. El ducto minero
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial de Las Bambas contemplaba la construcción de un ducto minero de 206 kilómetros, de un metro bajo tierra, que llegaría hasta la provincia de Espinar, en Cusco, donde Xstrata tiene una operación minera.
Pero la venta de Las Bambas al consorcio chino y la oposición de las comunidades cusqueñas motivaron un cambio de planes, y es así que en abril del año pasado, MMG anunció la cancelación de la construcción del ducto minero y la necesidad de construir una planta procesadora en Challhuahuacho.
Es decir, las 450 mil toneladas de cobre que se extraerían cada año de Las Bambas serían trasladas en camiones por una carretera que atraviesa decenas de comunidades campesinas.
Las comunidades de Cotabambas sabían que el ducto minero era uno de los componentes centrales del proyecto minero, pero su cancelación no les fue informada, y se recién se enteraron varios meses después.
El que no se construya el ducto, generará impactos no informados a la población en el EIA original del proyecto minero, porque la gran cantidad de camiones que se trasladarán ocasionarán polvo, impacto en las vías y contaminación.
4. Cambio de estudio
Este fue el principal error y el motivo central de la protesta porque, como se ha dicho, para las comunidades campesinas fue una sorpresa la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que el Ministerio de Energía y Minas aprobó.
La cancelación del ducto minero generaría impacto negativo que traerá el incremento del tránsito de camiones con minera en las comunidades. Esto fue subestimado por la minera y el Ejecutivo que soslayaron el malestar de la población por este tema y optaron por priorizar la inversión e infraestructura en la zona, sostiene De Echave.
De hecho el cambio del EIA debió consultarse de manera más amplia con la población local. El problema es que las modificaciones a los estudios ya no requieren de audiencias públicas.
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