El director ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró que los peruanos tenemos derecho a saber porqué se recurrieron a tantos decretos de urgencia en el marco del programa Agua para Todos gestionado durante el gobierno del ex presidente Alan García Pérez.

Como se recuerda, el Pleno del Legislativo aprobó el informe de la Megacomisión que pide acusar constitucionalmente al ex mandatario aprista y a sus exministros Jorge Del Castillo, Luis Carranza y Hernán Garrido Lecca por su presunta participación en hechos de corrupción. 

Al respecto Albán llamó la atención sobre el hecho de que los municipios de la región Lambayeque hayan aceptado cartas fianzas de entidades crediticias que no tenían la calificación legal para emitir estas garantías. 

“Interesa por ejemplo, el caso de Concisa, una empresa que a pesar de haber incurrido en varios incumplimientos, fue contratada para varias obras adicionales en la región Lambayeque”, señaló en un comunicado publicado en la web de Proética.

En ese sentido, consideró necesario que se investigue la actuación que habría tenido en este caso César Velásquez Quesquén, hermano del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén de quien, se señala, habría actuado para favorecer a la cuestionada empresa.

Además recordó que últimamente, César Velásquez ha sido involucrado con la organización manejada por el hoy procesado y detenido, Rodolfo Orellana, a través de la cooperativa Coopex, una entidad que ha sido utilizada para extender ilegalmente cartas fianza para contratistas con el Estado peruano.