Las bases de la investigación del Gobierno mexicano acerca del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido duramente criticadas.

Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a expertos independientes para examinar los tres elementos básicos de la versión oficial: la incineración de los cuerpos, el motivo de los asesinatos y el rol de la policía militar y federales. 

De esta manera, el documento de la CIDH de 550 páginas, entra en contradicción con la versión del Gobierno mexicano acerca de los hechos ocurridos con los normalistas. 

Aquí el despliegue de las discordancias entre ambas investigaciones.

Los cuerpos quemados

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirma que no hay evidencia para pensar que los estudiantes fueran quemados en un basurero. 

Carlos Beristáin, experto del grupo afirmó al respecto:

"Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó".

Y es que según la Procuraduría General de la República, los estudiantes fueron llevados por los Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes, a un basurero donde fueron asesinados y posteriormente quemaron sus cadáveres. 

Sin embargo el peritaje de GIEI, encabezado por el peruano José Torero, descubrió que no hay pruebas suficientes que apoyen esta hipótesis oficial.

Según Torero, en el lugar donde se ubicaba el basurero, no había una cantidad suficiente de combustible para cremar los cuerpos. Inclusive afirma que no había ni siquiera para quemar uno solo. 

El especialista señala que para incinerar 43 cuerpos, son necesarias 30 toneladas de madera y el fuego debía haber estado prendido durante 60 horas, en contradicción con la versión del Gobierno que dijo que el fuego ardió solo 12 horas. 

Asimismo, Torero afirma que la llama tendría que haber alcanzado una altura de unos siete metros y el humo unos 300 metros, de ser así, hubiera llamado la atención de las personas residentes en las localidades vecinas, hecho que no ocurrió. 

Los motivos

La versión del Gobierno establecía que los estudiantes estaban intentando estropear un evento donde iba participar el alcalde de Iguala y su esposa. Es en ese momento que fueron confundidos con Los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos. 

Sin embargo los expertos de GIEI tienen en la mira una causa muy diferente: el negocio de la heroína.

Y es que el grupo de especialistas comprobó que en Iguala opera una red de tráfico de heroína que la transporta hasta Estados Unidos y mueve el producto en camiones y buses comerciales. 

Es así que cuando los estudiantes tomaron varias unidades de la central camionera, las agresiones que sufrieron parecían tener por motivación que los vehículos no salieran de la ciudad. El informe puntualiza:

"El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque".

Una de las evidencias más contundentes que usan los investigadores independientes es que en lugar de los cuatro autobuses tomados, cifra sacada de la versión oficial, fueron cinco, según el testimonio de las víctimas. 

Es así que lograron determinar que sí existió ese quinto autobús. Meses más tarde comprobaron que pertenecía a la empresa Costa Line y cuando se les pidió presentarlo para evaluarlo dentro del caso, la compañía entregó un vehículo diferente. 

Asimismo aseguran que la hipótesis más fuerte que explicaría la brutal violencia contra los estudiantes es que la toma de los autobuses podría haberse cruzado con la presencia de drogas ilegales o dinero en alguno de los vehículos. 

El rol de las autoridades de seguridad

Cuando los estudiantes partieron desde su escuela, sus movimientos fueron controlados por los policías federales y militares todo el tiempo. 

Además también existe un testimonio que asegura que uno de los autobuses donde se llevaron a los jóvenes fue detenido por la policía federal.

Por otro lado, se dice que un grupo de soldados interrogó a varios estudiantes que llevaron a un joven herido a una clínica de la zona. 

En vista de ello, los expertos quisieron hablar con los integrantes del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo el Gobierno no permitió que se efectuaran los interrogatorios. 

Es así que hasta la fecha, los roles de la policía federal y militar en el caso no se han investigado a cabalidad. El informe indica:

"La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes. Además, no hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza. Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel".

(Foto de cabecera: lasillarota.com)