“Hoy es un día complejo”, dijo a media mañana la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en un evento sobre participación política indígena, para explicar por qué tenía que adelantar su exposición y retirarse. Se refería al diálogo acordado para las 2 pm con los dirigentes de las comunidades nativas del Pastaza y de Corrientes (Loreto) en el marco de la consulta previa del Lote 192 (ex 1AB). En realidad, esa era la hora inicial, porque en el transcurso de la mañana el gobierno pidió que la reunión empiece a las 5 pm.
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“Es una mala noticia, una mala señal”, dijo un apu a LaMula.pe apenas se enteró. Ello si se tiene en cuenta que mientras los dirigentes indígenas consideran que la reunión debe continuar mañana y pasado, por lo menos, la parte gubernamental sólo habría pensado en juntarse hoy. ¡Nuestras demandas deben ser satisfechas!
“Nosotros no sabemos qué tipo de metales pesados tenemos en nuestro cuerpo, pero a pesar de eso seguimos dialogando con el Estado eso demuestra nuestra buena fe”, dijo esta mañana Aurelio Chino, apu de la Federación de Indígena Quechua del Pastaza.
Ayer, una veintena de dirigentes de estas comunidades asistieron al Congreso de la República para dar una conferencia de prensa y expresar su preocupación en torno a esta consulta previa.
Al cierre de esta nota, los apus ya están en la sede de la Casa de la Literatura Peruana (CasLit). Su optimismo ha decrecido con el paso de los días, las respuestas gubernamentales y algunos trascendidos, pero siguen adelante en busca del diálogo. ¿Estarán presentes el titular de la PCM, Pedro Cateriano; el ministro Alonso Segura, tal como se solicitó y acordó en Iquitos?
Como se sabe, para el periodo de diálogo de la consulta previa, los pueblos indígenas han presentado cinco condiciones para solucionar el pasado y 23 propuestas para asegurar derechos al futuro (en medio de la actividad petrolera).
De las cinco condiciones hacia el pasado, el Estado atendió tres (acta de Lima del 10 de marzo 2015). De estas tres, dos todavía no se cumplen del todo (titulación y remediación). En la reunión de hoy debe finiquitar el tema del beneficio directo para los pueblos indígenas. Éste se ha planteado como “diferente del canon, de las medidas compensatorias del estudio de impacto ambiental y a las que corresponden por responsabilidad social empresarial”, y se ha propuesto “un fondo de fideicomiso de US$1,000 millones en un periodo de 30 años”, cantidad de años que contempla la concesión del Lote 192.
Los líderes nativos han dado al gobierno diferentes plazos para presentar compromisos concretos a su exigencia de obtener un fondo de fideicomiso que les permita financiar proyectos de desarrollo sociales, ambientales y económicos con los beneficios directos de la producción petrolera. Ello luego de que el Ministerio de Energía y Minas ofreciera una iniciativa normativa para atender su pedido, pero los apus pidieron más concreción en su propuesta.
En tanto, de las 23 propuestas para el futuro, se sigue dialogando lentamente, y hoy el gobierno debería presentar una respuesta que asegure derechos al futuro, y que cualquier empresa petrolera debe respetar. Estos derechos giran en torno a cuatro puntos centrales:
Derecho al territorio
Antes de entregar derechos de servidumbre a las empresas petroleras en territorios indígenas, el Estado debe reconocer los derechos de posesión de los pueblos indígenas y debe titularlos devolviéndoles el derecho al territorio que se les negó con el Lote 1AB. Hasta ahora hay comunidades sin títulos o con títulos incompletos.
Derecho al beneficio
El Estado debe garantizar mediante un fondo, el beneficio directo de los pueblos indígenas (según Art. 15 del Convenio 169 de la OIT). El Canon y la responsabilidad social empresarial es un mecanismo insuficiente de beneficio para los pueblos indígenas (se conocen sus dificultades).
Derecho a un territorio sano sin contaminación
El Estado debe garantizar nuevos instrumentos de gestión ambiental para el Lote 192 en el menor tiempo posible y con participación indígena en su elaboración. No es posible que el nuevo lote simplemente herede las (deficientes) obligaciones ambientales que le fueron aprobadas al Lote 1AB. Para asegurar condiciones ambientales óptimas en territorios indígenas se requiere de mejora tecnológica en infraestructura de producción (tecnología para extraer petróleo y reinyectar) y de transporte (ductos). Actualmente, la infraestructura petrolera es antigua y genera daños.
Derecho a participación
El Estado debe asegurar el monitoreo independiente de la empresa. Estos monitoreos independientes han permitido prevenir mayores daños ambientales. Gracias a ellas, en el Lote 1AB, se ha logrado exigir la remediación de más de 90 sitios contaminados que ni la empresa ni el Estado denunciaron que existían antes.
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¿Por qué es importante la consulta previa?
La congresista Verónika Mendoza lo dice en 42 segundos:
Nota de redacción: Recién a las 6:30 pm llegaron los ministros Ortiz y Milton von Hesse, de Vivienda.
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