Un nuevo conflicto social estalla en este Gobierno y, en este caso, hasta el momento ha provocado 1 muerto y más de 60 heridos.
El paro indefinido en La Oroya en protesta para la reactivación del Complejo Metalúrgico de la ciudad se inició de manera violenta con enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Un video en redes sociales demuestra que los efectivos dispararon con armas de fuego. La única víctima mortal en este conflicto fue afectada por una bala. El Presidente Ollanta Humala ya salió a lamentar esta muerte.
En el primer comunicado de Jorge 'Tito' Bracamonte, como secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la red afirma que es necesario que las autoridades y los manifestantes encuentren salidas pacíficas a este problema y eviten atentar contra la vida e integridad de las personas. A continuación, compartimos el pronunciamiento:
CNDDHH se pronuncia por acciones de violencia durante las protestas en La Oroya
La CNDDHH hace público su pesar y preocupación por la muerte del ciudadano Edward Soto de la Cruz (41), quién fuera víctima de una herida de bala efectuada por un miembro de la P.N.P., como consecuencia de los hechos de violencia que se vienen registrando en la localidad de La Oroya, región Junín. Hasta el momento diferentes medios han reportado más de 60 personas heridas, cuatro de ellas “…de gravedad por impactos de bala en diversas partes del cuerpo: Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52)”.[1] En este sentido, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, y deploramos enérgicamente el uso abusivo de la fuerza de la PNP.
La situación de violencia se origina en el sistemático incumplimiento de la empresa Doe Run que -desde el año 1997- no ha implementado un programa de adecuación ambiental que evite la contaminación y la afectación de la salud y la vida de la población.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades y manifestantes, para que mediante el diálogo realicen los esfuerzos necesarios a fin de encontrar salidas pacíficas que eviten mayores daños y lesiones a la vida e integridad personal. En estas circunstancias reiteramos nuestra demanda por la aprobación de una Ley que regule el uso de la fuerza por parte de la PNP., de acuerdo a los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y de la Constitución Política del Perú. Y demandamos del Estado una solución que armonice los derechos fundamentales al trabajo y a un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida.
En relación a la autorización del Ministerio del Interior para la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona de conflicto, dada en las últimas horas y bajo el amparo del Decreto Legislativo 1095, reiteramos que dicha norma contraviene el espíritu de la Constitución Política y genera situaciones de excepcionalidad que resultan lesivas a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Secretaría Ejecutiva
CNDDHH
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