Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años, 90 personas han muerto durante conflictos sociales. Esta cifra debería ser alarmante y provocar que se tomen medidas para evitar tantas muertes.
El Presidente Ollanta Humala lamentó la muerte de Edward Soto de la Cruz, quien falleció víctima de un proyectil de arma de fuego durante la protesta en La Oroya. ¿Pidió prudencia a los policías? No. En lugar de ello, condenó que los manifestantes hayan bloqueado la Carretera Central.
En declaraciones a la prensa, dijo:
"Lamentamos la pérdida de una vida humana y los heridos. La violencia no nos va a llevar a nada. La Policía ya está trabajando para desbloquear la carretera. En unas horas más ya debe estar todo liberado [...] El Gobierno no va a permitir que se vulnere el derecho al libre tránsito".
Humala dice que la violencia no lleva a nada, pero no critica a los policías que dispararon con sus armas contra los manifestantes. Por el contrario, ha autorizado el envío de militares a la zona para que "apoye" a los policías.
Cabe señalar que el motivo del conflicto social es el pedido de los trabajadores de Doe Run para que se reactive el Complejo Metalúrgico y se aseguren sus puestos laborales. El problema es que los límites de contaminación que establece el Ejecutivo son muy altos para las empresas interesadas. Por ello, el proceso concursal quedó desierto.
Al respecto, Humala señaló:
"Sobre este tema de discusión del ECA o el PAMA, hay un tema que tiene que estar presente: la población. No debemos dejar de buscar solución al tema social, las poblaciones que viven de la metalurgia, de la refinería. Nosotros estamos buscando soluciones que sean compatibles para ellos. Tengo que criticar la forma en la que se han llevado estos procesos que al final terminan desiertos. Lo que necesitamos nosotros es darle tranquilidad a la población, para lo cual quizás deba ser necesario ampliar el proceso concursal. La idea es que los trabajadores tengan la tranquilidad de que seguirán recibiendo su salario. Debe surgir otra opción de concesión para que la refinería no se detenga. Necesitamos que prontamente vuelva a funcionar".
Desde ayer, martes 11 de agosto, el Sindicato de Trabajadores de Doe Run y organizaciones sociales de la zona han iniciado un paro indefinido para que se reactive el Complejo Metalúrgico. Además, los manifestantes piden la declaración del Estado de Emergencia de la ciudad, el retiro de la empresa Profit y la Banca Internacional USB que forman parte del proceso de venta de los activos de la empresa, y la instalación de una Mesa de Trabajo con los ministerios de Energía y Minas, y Ambiente, el gobernador regional de Junín y el alcalde de La Oroya. Hoy por la mañana se han reunido y han llegado a acuerdos que, se espera, puedan resolver este conflicto.
(Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr)
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