El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales producidas al término de la operación Chavín de Húantar sigue despertando feroces críticas y ataques de los sectores más conservadores de la política peruana.
Esta mañana, en RPP Noticias, se presentaron la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) y el regidor limeño Fernán Altuve para comentar la decisión del organismo jurídico internacional.
Como era de esperarse, ambos fueron muy críticos con el resultado adverso para el Estado peruano. Como se recuerda, la Corte IDH ordenó que se inicie una investigación por la ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Cruz Sánchez 'Tito'. Esta muerte, además, fue reconocida por el propio Poder Judicial de nuestro país a través de dos sentencias.
Altuve llevó su argumentación hacia el supuesto peligro de que los comandos que participaron en la referida operación militar tengan que afrontar un nuevo juicio como testigos. No obstante, minutos antes de su intervención, el abogado Enrique Bernales señaló que la responsabilidad del asesinato extrajudicial de 'Tito' es individual, por lo tanto no se puede decir que todos los comandos son responsables. Para el exsenador, la Corte IDH libera de toda responsabilidad a los militares.
Para el regidor limeño, la sentencia no es un triunfo del Estado peruano, ya que -según su parecer- los comandos corren peligro de seguir, por 17 años más, envueltos en un proceso judicial.
"Estamos siempre sobre lo mismo. La forma,número uno, de que el Estado sea el culpable. Segundo, la victimización del agresor porque el terrorista tito es un agresor que termina siendo víctima [...] Finalmente es la subversión, la inversión de los valores porque estamos aquí en la defensa de los culpables y agresores y no en la defensa de las víctimas".
Sobre estas declaraciones, hay que aclarar que la Corte IDH no ha puesto en duda la condición de terrorista del emerretista. Dicho de otra manera, el organismo jurídico no ha señalado que 'Tito' sea inocente de secuestrar rehenes en la residencia del embajador de Japón, tan solo ha dicho que su muerte, al margen de la ley, debe ser investigada hasta determinar quién o quiénes fueron los responsables.
En tanto Martha Chávez, con su característica vehemencia, criticó las dos sentencias dadas por el Poder Judicial peruano que señalaban que sí hubo una ejecución extrajudicial. Para la legisladora fujimorista había pericias que indicaban que lo dicho por el diplomático japonés Hidetaka Ogura y los dos policías testigos de la parte civil estaban mintiendo. Además lanzó una grave acusación:
"No tengo ninguna duda que es muy probable,y eso debe ser investigado, aunque no tengo como probarlo, que el señor Ogura fue el enlace previo de los terroristas del MRTA [...] Ellos han tenido que tener el plano de la residencia del embajador porque se han movido de manera muy expeditiva".
Con estas declaraciones, la legisladora busca desprestigiar a la parte civil, a la que la Corte IDH le ha dado la razón parcialmente. Este discurso, sin embargo, no es nuevo, ya que las acusaciones contra el diplomático japonés vienen desde hace varios años.
Lo dicho por Altuve y Chávez se asemeja mucho al discurso del gobierno de Ollanta Humala que ha repetido la idea de que el Estado ha defendido el honor de los comandos de Chavín de Huántar. Esto no tiene razón de ser, ya que la misma Corte IDH ha señalado que su sentencia no es contra los militares que participaron en esta operación.
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