En los últimos días, se ha generado una polémica alrededor del próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales producidas al término de la Operación Chavín de Huántar y llevadas a cabo -según apuntan todos los indicios- por los denominados 'gallinazos' (agentes del Servicio Nacional de Inteligencia).
La polémica empezó luego de que Francisco Eguiguren, elegido hace poco miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicara que -en su opinión- es muy probable que el Estado peruano pierda este caso. El abogado apoyó su hipótesis en los elementos jurídicos existentes. Sobre este punto, Gloria Cano (APRODEH) y Carlos Rivera (IDL) explicaron a LaMula.pe que gran parte del razonamiento de Eguiguren se basa en el hecho de que el Poder Judicial peruano ha reconocido, a través de dos sentencias (dictadas por la Sala Penal y la Corte Suprema), que sí hubo al menos una ejecución extrajudicial (en el caso de Eduardo 'Tito' Cruz Sánchez).
Varios políticos (como Luisa María Cuculiza, Martha Chávez y Ántero Flores Ároz) se 'rasgaron las vestiduras' tras escuchar lo dicho por Eguiguren y se dedicaron a atacar (en diferentes medios de comunicación) a la CIHD. Uno de las estrategias más usadas fue asociar el próximo fallo con la honra de los comandos, lo cual es un sin sentido ya que la Corte IDH no juzga personas sino a Estados. Más importante aún, el valeroso accionar de los comandos no ha sido puesto en duda.
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Esta mañana Cano tuvo un segundo encuentro con el periodista Augusto Thorndike en Canal N (mira el primero aquí), para hablar sobre este caso. En la conversación remarcó nuevamente que la labor de los organismos de Derechos Humanos no es 'defender terroristas' sino ayudar a que las personas encuentren justicia. En esa misma línea recordó que APRODEH asumió la defensa de la exagente de inteligencia Mariella Barreto- integrante del grupo Colina- que fue asesinada por su propios compañeros en el operativo Tigre.
Cano remarcó que la institución que representa no está contra los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar. Apuntó, además, que -en el 2002- fue el fuero militar abrió proceso contra todos ellos.
"Nosotros, como lo hemos señalado una y mil veces, valoramos la acción de rescate y creemos firmemente que el Estado no solo tenía el derecho sino el deber de intervenir y garantizar la vida de los rehenes. Lo que cuestionamos es que, habiendo existido detenidos o rendidos, se haya violentado el derecho a la vida de personas que estaban fuera de combate", señaló.
En otro momento de la entrevista, Thorndike sugirió que en tiempos de terrorismo fue necesario "tener jueces sin rostro y firmeza desde el Estado" porque el terrorismo nos desbordaba. La abogada no tardó en responder:
" [..] creo que lo que has señalado es erróneo. [...] Yo he asistido a muchos juicios con jueces sin rostro. A mí me encapuchaban, como abogada, para ingresar. Me llevaban por diversos sitios. Estaban con las armas al costado y me decían: 'cuidado que se vaya a caer y se me escapa un tiro'".
Agregó que muchos testigos (los 'arrepentidos') en estos juicios no eran tales. Esta situación ocasionó que muchas personas (más de 1000) fueran condenadas injustamente.
Aquí la entrevista completa:
