El Poder Judicial aceptó el hábeas corpus que presentó Nadine Heredia en contra de la investigación por el presunto delito de lavado de activos, y declaró nulo todo lo actuado por fiscal Ricardo Rojas desde el 29 enero de 2015, cuando reabrió investigación a la primera dama.

El 43 Juzgado Penal de Lima aceptó en parte el recurso y ordenó al magistrado Rojas que deje de investigar los aportes recibidos por el nacionalismo entre el 2005 y el 2009, entre los que están las transferencias de dinero que hizo la empresa venezolana Kaymasak, vinculada el chavismo, al entorno de Heredia.

La jueza María Niño Palomino señaló en su resolución que la investigación a la esposa de Ollanta Humala en el citado periodo ya es "cosa decidida" y recordó que el fiscal  Mateo Castañeda la archivó en 2010 en segunda instancia.

Parte resolutiva del hábeas corpus.

La magistrada arguyó que si bien el Tribunal Constitucional permite reabrir una investigación preliminar, ello no resulta aplicable a el caso de la primera dama. Para el Poder Judicial, las transferencias de dinero de Nadine Heredia en el periodo 2005-2009 tienen origen lícito.

El Ministerio Público apelará la decisión judicial contra parte de la investigación del fiscal Rojas, quien esta semana había anunciado que pediría el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia.  

SOLO EXCLUYEN  A NADINE

Ahora bien, la decisión de la jueza Niño solo está referida a la parte de la investigación a Heredia. Es decir, sigue la indagación por las compras de Antonia Alarcón (madre de la primera dama), la compra-venta de Todo Graph (que fundó Martín Belaunde) y la tarjeta y cuentas de Rocío Calderón, amiga de infancia de Nadine y alta funcionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Penalistas como el exprocurador César Azabache ya habían señalado que el caso de la primera dama no configuraba el delito de lavado de activos, porque si sus cuentas no cuadran, como lo detectó la UIF, podría tratarse de ingresos no declarados y ahí en lo que corresponde investigar es un presunto delito de defraudación tributaria

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