Cero autocrítica. Óscar González Rocha, presidente Southern Copper (Grupo México), empresa minera a cargo del proyecto minero cuprífero Tía María, fue entrevistado por Jaime Althaus en su programa La Hora N y, entre otras declaraciones, señaló que la compañía que dirige "hizo las cosas bien pero algo falló en Tía María".
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En medio de la pausa de 60 días dada por la empresa, debido al enorme rechazo que generó el proyecto minero en la provincia de Islay (más de dos meses de huelga indefinida y un paro macrorregional en el sur del país), el ejecutivo sugirió que el problema era comunicativo:
"Creemos que hemos hecho las cosas bien pero en Tía María algo falló, y es lo que queremos ver con esta pausa, de repente una comunicación no adecuada o no (tuvimos un) volumen suficiente para que la población conociera el proyecto"
Quizás el señor González no lo recuerda, pero los principales motivos que han llevado a agricultores y propietarios de tierras agrícolas para oponerse a Tía María es el peligro que puede significar este proyecto minero para sus tierras (daño ambiental). No se trata de un postura irracional, sino de defender una opción de vida y de trabajo.
Este temor se sustenta en los pésimos antecedentes que tiene la compañía, en contaminación ambiental en México y de denuncias de corrupción en España. No olvidemos, además, que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió para González -en enero de este año- dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de1 millón de dólares por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.
Con tales antecedentes, ¿no es acaso comprensible la desconfianza de los agricultores? El ejecutivo minero, sin embargo, parece no (querer) ver esta realidad. Su nueva estrategia comunicativa así lo demuestra:
"Nuestros planes son difundir totalmente, abiertamente (el proyecto) con comunicaciones que se van hacer directamente".
Agregó que la empresa minera está dispuesta a un monitoreo participativo durante la operación de Tía María, aparte de la supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas. También mencionó la creación de un fideicomiso de S/.150 millones para indemnizar y remediar los posibles daños que pueda generar en el futuro el proyecto, al igual que una línea de crédito de S/.10 millones para apoyar la agricultura. Pero, en caso de existir un daño ambiental irreversible, ¿de qué puede servir un préstamo monetario?
Otro problema es que la 'predisposición a la fiscalización ambiental' está ligada con el accionar del Gobierno, el cual -a estas alturas- carece de credibilidad para el pueblo arequipeño. ¿No sería mejor llevar a la Unops el Segundo Estudio de Impacto Ambiental?
¿NO A LA CORRUPCIÓN?
En otro momento de la entrevista, González descartó que Southern Copper tenga alguna participación en las conversaciones entre el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y el abogado arequipeño Jesús Gómez Urquizo (que todos los peruanos conocimos gracias a los 'audios de las lentejas'). No obstante, reconoció que el letrado trabajó para la empresa minera -durante un año- para llevar a cabo talleres con la comunidad.
[Con información de Andina]
[Foto de portada: La República]
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