(Con la colaboración de Andrea Burga)
Contradicciones. Miles de peruanos y peruanas -no existe una cifra oficial- deben morir civilmente para recibir atención en Essalud o cobrar una pensión.
¿Por qué no salen en portadas de diarios o generan protestas en las calles?
"Las personas con discapacidad mental son las más discriminadas en el Perú", reconoce Renata Bregaglio, miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Civil (Cedis).
El Código Civil permite interdictar -una persona es declarada incapaz- a los "retardados mentales" y a "los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad". A partir de ese momento, un curador se encarga de tomar todas las decisiones.
BRYAN RUSSELL, EL PRIMER PERUANO CON SÍNDROME DE DOWN EN GRADUARSE DE UNA UNIVERSIDAD. FOTO: los andes
Es una concepción de la discapacidad muy diferente a la que aprendió Bryan Russell de sus padres, joven con Síndrome de Down, periodista egresado de la USIL (Universidad San Ignacio de Loyola), quien lucha por no ser declarado "incapaz".
“Es importante sentirse igual a los otros, porque ello nos da la fuerza para alcanzar lo que queremos hacer”, explicó Russell en su ponencia en el Foro Internacional de Educación Inclusiva en Colombia en noviembre del 2014.
La enseñanza de la familia de Russell, quien no puede ser socio junto a un compañero de la universidad en una empresa por las dudas sobre su capacidad jurídica para realizar un acto notarial, es la misma que promueve la ONU.
La Convención sobre la Discapacidad de las Naciones Unidas -ratificada por el Estado peruano- propone un modelo revolucionario: las barreras sociales son las que impiden la participación plena de una persona con discapacidad. En otras palabras, el origen de la discapacidad no es biológico, sino que se encuentra en las estructuras sociales que no se adaptan a las necesidades de estas personas.
"Es difícil entenderlo porque estamos cambiando todo el paradigma de la comprensión del derecho. Pasamos de pensar en personas que pueden o no tomar decisiones a afirmar que todas son correctas", explica Bregaglio.
Si bien hasta ahora ningún país ha implementado este nuevo paradigma, la revolución ha comenzado a asomarse en territorio peruano.
- la revolución
"No imaginé la trascendencia que generaría en Karin”, comentó Consuelo Gutiérrez -en entrevista con Enlace Nacional-, madre de Karin Liza, joven de 31 años con Síndrome de Down que tuvo que ser declarada interdicta para poder acceder a la pensión que le correspondía tras la muerte de su padre.
“Hicimos el trámite de interdicción porque solicitamos la pensión que le correspondía luego de que su padre falleciera, pero la Oficina de Normalización Previsional (ONP) nos exigió la interdicción".
Karin trabaja en una empresa dedicada a la actividad pesquera pero desde que fue interdicta (un juez la declaró "incapaz") muchos de sus derechos están limitados: no puede realizar ningún trámite en el banco, cobrar su sueldo, firmar contratos de trabajo ni votar.
"Si yo trabajo, ¿por qué tú tienes que cobrar?", le pregunta a su madre.
Como explica el abogado Alberto Vásquez Encalada, la mayoría de familias lo único que desean es que el familiar con discapacidad continúe recibiendo servicios sociales.
A esto se le suma el desconocimiento sobre la discapacidad psicosocial, como subraya Bregaglio:
"Si veo a alguien en silla de ruedas o a un ciego, entiendo perfectamente qué es lo que le pasa. No es tan fácil con una discapacidad mental o psicosocial, no lograré comprenderlo. Esa falta de comprensión, de desconocimiento, se traduce en prejuicio. Tampoco se puede negar que muchas situaciones de discapacidad mental están acompañadas de agresión, aunque es consecuencia de un mal manejo de la condición".
De a pocos, esta situación está cambiando. Hace pocas semanas, el informe final de la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad (CEDIS) fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El informe del CEDIS -nombre en homenaje de la primera Comisión especial de discapacidad que se creó en el Congreso por Javier Diez Canseco- propone la reforma de diversos libros del Código Civil:
"El objetivo central de la propuesta es eliminar todas las restricciones para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la figura de la interdicción civil"
"Elimina las limitaciones y restricciones para la celebración de actos jurídicos por parte de personas con discapacidad, y reemplaza la 'curatela' por 'sistemas de apoyo' cuyo objeto es facilitar la manifestación de la voluntad y la celebración de actos jurídicos por las personas con discapacidad".
Si el anteproyecto se aprueba, habrá un cambio revolucionario en el derecho, porque la jurisprudencia actual aún tiene rezagos del modelo de la prescindencia: la persona no me sirve y como no puedo matarla, la voy a tener en la sombra, no la voy a considerar como un ser humano, asegura Bregaglio.
Vásquez no es tan optimista de que el proyecto sea aprobado en el corto plazo: la comisión, presidida por el congresista Juan Carlos Eguren, es una de las comisiones ordinarias con mayor carga de proyectos de ley (algunos esperan dictamen desde el año 2013).
Hay que agregar que durante la presidencia de Eguren, dos proyectos de ley sobre derechos humanos fueron archivados: la Unión Civil y el aborto en casos de violación sexual.
Mientras tanto, Bryan, Karin y un millón y medio de personas con discapacidad han iniciado la lucha por un cambio.
(Foto de portada: Andina)
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