La fiscal Marita Barreto, a cargo de la investigación del caso Orellana por el delito de lavado de activos, afirmó que la jueza Sonia Torres Muñoz debió inhibirse de participar en la revisión de la detención preliminar de un grupo de investigados por sus supuestos vínculos con la red criminal del empresario.
“Ella debió inhibirse de conocer o dirigir esa audiencia,según las disposiciones del Código Procesal Penal”, declaró al diario Perú21.
Barreto indicó que la magistrada Torres, integrante de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, había laborado años atrás con el exvocal supremo Robinson Gonzales, presuntamente relacionado a las actividades ilícitas de Rodolfo Orellana.
“La magistrada Torres, que participó en la diligencia, fue compañera de trabajo de Robinson Gonzales en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esto es muy grave”, afirmó.
El exjuez Gonzales fue liberado el viernes último, junto a cinco investigados por supuestos vínculos con el detenido empresario Rodolfo Orellana, luego de que la referida sala penal decidiera anular la resolución judicial con la cual se había dispuesto la detención preliminar del llamado aparato legal de la supuesta red criminal.
La fiscal Barreto expresó también su preocupación por la posibilidad que los sospechosos liberados no se presenten ante la justicia en el futuro. Además, indicó que evalúa presentar su renuncia.
“Estoy evaluando tomar esa decisión debido a que de nada va a servir que yo insista en hacer una investigación proba y que la instancia que va a decidir sobre mis pedidos en el Poder Judicial simplemente los va a echar al tacho”, comentó al diario.
NIEGAN AMISTAD
Por su parte, el exjuez Robinson Gonzales negó que la jueza Sonia Torres haya trabajado con él o haya sido su amiga, tal como denunció el fiscal superior contra el lavado de activos Frank Almanza.
“Todos conocen a la doctora Torres porque ha pertenecido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como representante de los jueces superiores, por elección. Ella ha trabajado en el Poder Judicial, y sigue trabando en el Poder Judicial. No tengo nivel de amistad, tampoco de enemistad”, declaró a la prensa.
A su vez, la jueza Sonia Torres en RPP negó cualquier tipo de relación con el exjuez vinculado a la red de Orellana y reafirmó su decisión de revocar la detención preliminar contra seis investigados detenidos en la reciente Operación 'Tempestad'.
“Yo he sido integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el período de agosto de 2007 a agosto de 2009 y he tenido el honor de integrar dicho órgano de gobierno con los siguientes magistrados supremos: Francisco Távara Córdova, Antonio Pajares Paredes, Javier Román Santiesteban, Walter Cotrina Miñano, Luis Alberto Mena Núñez y, con posterioridad, he tenido el honor de integrar el Consejo con el juez supremo Javier Villa Stein y Enrique Rojas Ramírez. Al termino, he retornado a mi sede de origen el distrito judicial de Tumbes, no retornando más al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”.
Para la magistrada la detención preliminar estuvo mal planteada porque fue sustenta en una ley modificada (Ley 27379) y no bajo los presupuestos del Nuevo Código Procesal Penal.
“El juez de investigación preparatoria no se pronunció sobre el peligro de fuga que podría existir respecto a los investigados que fueron materia de esa audiencia. Situación que se tornó sumamente grave en tanto que la Fiscalía como dicho juez sustentaron un plazo de detención preliminar en una ley modificada, la ley 27379. A la fecha se aplica el Nuevo Código Procesal Penal y el plazo máximo para la detención preliminar es de 24 horas. Estas dos circunstancias motivaron la decisión de la Sala Penal”.
OTRA APELACIÓN
De otro lado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema revisará hoy el recurso de apelación interpuesto por los 4 suspendidos magistrados de la Corte Superior de Ucayali contra la medida de prisión preventiva de 18 meses que se les impuso por su supuesta vinculación con Rodolfo Orellana.
El expresidente de la Corte de Ucayali, Francisco De Paula Arístides Boza Olivari, y los suspendidos jueces Wenceslao Vladimir Portugal Serruche, Ricardo Castro Belapatiño y Luis Amílcar Palomino Morales presentarán sus alegatos de defensa para recuperar su libertad.
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